La renuncia del titular de Nucleoeléctrica Argentina se marca como un nuevo capítulo de una historia que empieza a repetirse con demasiada frecuencia en el gobierno de Javier Milei: funcionarios de extrema confianza, proyectos grandilocuentes, promesas refundacionales y, detrás, denuncias de corrupción, sobreprecios y manejos opacos del Estado.
Damián Reidel, uno de los hombres más cercanos al Presidente, un asesor privilegiado, compañero de viajes internacionales y protagonista central del relato oficial que pretendía unir energía nuclear e inteligencia artificial para “poner a la Argentina en el futuro”. Milei llegó a decir públicamente que juntos podían aspirar a un Premio Nobel. Con ese respaldo político, Reidel fue puesto al frente de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal que administra las centrales nucleares, uno de los sectores más sensibles y estratégicos del país.
Lo que ocurrió después dista mucho de una revolución tecnológica. A poco de andar, comenzaron a aparecer denuncias internas por contrataciones irregulares, licitaciones direccionadas y sobreprecios difíciles de justificar. Gerentes de carrera y trabajadores especializados alertaron sobre un esquema que incluía servicios básicos, como la limpieza de centrales, adjudicados con incrementos de hasta el 140 por ciento respecto de contratos anteriores. También se denunciaron compras de sistemas administrativos a valores muy superiores a los de mercado.
Nucleoeléctrica maneja presupuestos multimillonarios y proyectos de largo plazo que comprometen recursos públicos, seguridad energética y soberanía tecnológica. Por eso, cuando aparecen indicios de corrupción, la gravedad es doble: no solo se daña al erario público, sino también a un sector construido durante décadas con inversión estatal, conocimiento científico y capital humano altamente calificado.
En paralelo a estas denuncias, se conoció un dato que encendió aún más las alarmas: Reidel canceló en muy poco tiempo una deuda personal cercana a los 800 millones de pesos con una entidad bancaria. La explicación oficial fue una operación inmobiliaria privada. Puede ser. Pero el contexto importa. Y cuando un funcionario clave, bajo sospecha por sobreprecios, mejora de manera abrupta su situación patrimonial, la pregunta es inevitable. No porque lo diga un opositor, sino porque lo exige el mínimo estándar de transparencia.
La salida de Reidel fue presentada como una reestructuración. Un cambio de organigrama. Un reordenamiento técnico. Sin embargo, cuesta no leerla como lo que parece: un intento de apagar un incendio antes de que llegue la Justicia. Más aún cuando se sabe que, aun después de iniciadas las denuncias, el funcionario seguía teniendo acceso al círculo presidencial y a la Quinta de Olivos.
Este escándalo se suma a otros que ya golpean al gobierno: el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad, con un exfuncionario procesado; la promoción presidencial de una criptomoneda que terminó en pérdidas masivas para pequeños inversores; la intervención política en organismos técnicos como el INDEC; y un discurso anticorrupción que choca cada vez más con los hechos.
El problema ya no es la “herencia recibida”. Tampoco alcanza con hablar de sabotajes o conspiraciones. Cuando los casos se repiten, cuando siempre involucran a personas del máximo nivel de confianza, cuando las explicaciones llegan tarde o no llegan, el problema deja de ser individual y pasa a ser estructural.
La energía nuclear, la ciencia y la tecnología no admiten improvisación ni marketing político. Requieren planificación, controles estrictos y una ética pública sólida. Si se usan como plataforma para negocios opacos o relatos fantasiosos, el costo lo paga toda la sociedad.
La lucha contra la corrupción no se declama, se practica. Y el escándalo de Nucleoeléctrica, con la renuncia de su titular, es una señal de alarma que el gobierno haría bien en no minimizar. Porque cuando se juega con áreas estratégicas del Estado, lo que está en riesgo no es solo una gestión, sino el futuro del país.
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