La Argentina atraviesa semanas intensas. Movilizaciones sindicales, debates clave en el Congreso, cifras de inflación discutidas y, en paralelo, una sucesión de escándalos que golpean de lleno al corazón del gobierno de Javier Milei. Un gobierno que llegó al poder prometiendo terminar con “la casta”, erradicar la corrupción y administrar el Estado como si fuera una empresa eficiente. Sin embargo, la realidad empieza a mostrar un cuadro muy distinto.
No se trata de rumores ni de operaciones políticas. Hablamos de hechos concretos, de causas judiciales, de funcionarios desplazados y de preguntas que el propio Presidente aún no ha respondido.
Primer caso: el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Diego Spagnuolo, abogado personal de Javier Milei y uno de los hombres con mayor acceso a la Quinta de Olivos, fue designado al frente de un organismo extremadamente sensible. Bajo el argumento de “auditar” pensiones por discapacidad, se dieron de baja beneficios de manera desprolija, dejando a miles de personas vulnerables sin ingresos. Paralelamente, la Justicia investiga un esquema de sobreprecios en la compra de medicamentos y el pago de coimas a droguerías intermediarias. El juez Sebastián Casanello procesó a Spagnuolo al considerar que no fue una víctima del sistema, sino parte del engranaje. Un funcionario clave, de máxima confianza presidencial, hoy está procesado.
Segundo caso: Nucleoeléctrica Argentina y la salida de Damián Reidel.
Reidel no era un funcionario cualquiera. Fue asesor personal de Milei, compañero de viajes internacionales y protagonista de anuncios grandilocuentes sobre un supuesto “hub nuclear” para abastecer a la inteligencia artificial global. Puesto al frente de Nucleoeléctrica Argentina, una empresa estatal que maneja miles de millones de dólares, colocó a personas de su confianza en áreas estratégicas. Gerentes de línea denunciaron sobreprecios en licitaciones, particularmente en servicios críticos como la limpieza de centrales nucleares. A esto se sumó un llamativo crecimiento patrimonial del propio Reidel, que él explicó como resultado de operaciones inmobiliarias. Ante la presión, el Gobierno decidió removerlo, camuflando la salida bajo un cambio de organigrama. Otro hombre del círculo íntimo presidencial que cae.
Tercer caso: la criptomoneda Libra.
Este episodio sigue sin aclararse del todo, pero es quizá el más grave por sus implicancias. El Presidente promovió públicamente una criptomoneda que terminó desplomándose en cuestión de horas, en lo que en el mundo financiero se conoce como un “rug pull”. Quienes tenían información privilegiada salieron a tiempo y ganaron fortunas; miles de pequeños inversores perdieron todo. Milei nunca explicó cómo conocía el proyecto ni por qué lo difundió. Tampoco se esclareció el rol de Karina Milei, señalada como el nexo con los desarrolladores. No hay condenas aún, pero sí un silencio que incomoda.
A estos casos se suma un contexto preocupante: la intervención política en el INDEC, que derivó en la renuncia de su titular cuando se frenó el cambio de la canasta de consumo; la inflación que deja de bajar mientras el discurso oficial insiste en lo contrario; y un Gobierno que responde más con descalificaciones que con explicaciones.
La pregunta ya no es si hay errores aislados. La pregunta es si el problema es estructural. Porque cuando los escándalos se repiten, cuando siempre involucran a personas del máximo círculo de confianza, cuando las promesas de transparencia chocan contra expedientes judiciales, lo que queda en evidencia no es la herencia recibida, sino la responsabilidad propia.
Desde nuestro lugar, como espacio de reflexión, tiene la obligación de decirlo con claridad: combatir la corrupción no es un eslogan. Es una práctica diaria. Y hasta ahora, el gobierno de Javier Milei está muy lejos de cumplir lo que prometió.
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