Según reconstruyeron los propios damnificados, más de mil personas denunciaron haber sido víctimas de una presunta estafa vinculada a una supuesta contratación de personal de seguridad para el festival Cosquín Rock, luego de que una empresa que decía brindar servicios para el evento cancelara el viaje a último momento y no devolviera el dinero recaudado.
El testimonio fue brindado por Facundo Palacio, uno de los afectados, quien explicó que el reclutamiento comenzó en noviembre del año pasado y se extendió durante varios meses en la provincia de La Rioja. Según detalló, se ofrecía trabajo de seguridad por un período de 20 días que incluía tareas previas al armado del predio, los días del festival —14 y 15 de febrero— y el posterior desarme.
De acuerdo al relato, la propuesta contemplaba un pago de 120 mil pesos por día, lo que totalizaba unos 2,4 millones de pesos por el período completo, además de traslado, hospedaje, media pensión y la posibilidad de continuar trabajando en Córdoba una vez finalizado el evento, bajo la modalidad de cooperativa.
Palacio indicó que el reclutamiento estuvo a cargo de un hombre identificado como Diego Díaz, señalado como coordinador y responsable de la supuesta empresa de seguridad en La Rioja. Las convocatorias se realizaban de manera presencial en espacios públicos, como el Parque de la Juventud y el Parque de la Familia Sur, y también mediante reuniones virtuales por Zoom.
Según los denunciantes, a cada persona se le exigió el pago de 30 mil pesos para la tramitación de antecedentes policiales y otros 60 mil pesos para un “kit de seguridad”, que incluía botines, cinturón y otros elementos. En muchos casos, los trabajadores recurrieron a préstamos, vendieron pertenencias o dejaron sus empleos con la expectativa de acceder a una mejora económica.
La fecha de viaje estaba prevista para el 3 de febrero, pero ese día comenzaron las postergaciones, supuestamente por problemas para cerrar el hospedaje. Tras varios días sin definiciones, el viernes siguiente se difundió un comunicado en los grupos de WhatsApp donde se informaba la caída del contrato con el festival y se prometía la devolución del dinero una vez finalizado el evento, lo que generó malestar e indignación entre los afectados.
“Nos sentimos estafados”, afirmó Palacio, quien señaló que la mayoría de los damnificados ya comenzó a realizar denuncias judiciales y a presentar comprobantes de transferencias ante la Justicia. En su caso particular, aseguró haber perdido 90 mil pesos.
Los denunciantes estiman que el número de afectados supera las mil personas, distribuidas en distintos grupos de mensajería, tanto de seguridad como de limpieza. Además, indicaron que muchos quedaron en una situación económica crítica tras endeudarse para afrontar los gastos exigidos.
Finalmente, los trabajadores anunciaron que convocarán a una conferencia pública para visibilizar el caso, exigir la devolución del dinero y reclamar una respuesta judicial. También evalúan solicitar asistencia legal al Estado, ya que la mayoría no cuenta con recursos para contratar abogados particulares.
Este tipo de hechos vuelve a poner en agenda la necesidad de extremar controles y advertencias ante ofertas laborales informales que aprovechan la situación de vulnerabilidad económica.
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