La intervención del Ministerio Público Fiscal de La Rioja frente a las acusaciones mediáticas contra el padre David Scalzo no puede leerse como un hecho aislado. Por el contrario, expone con crudeza una problemática mucho más profunda y alarmante: la normalización de campañas de difamación sin pruebas, amplificadas por redes de trolls, que no solo degradan el debate público sino que, en su forma más grave, podrían estar siendo financiadas con fondos del Estado nacional para atacar a opositores políticos y, en particular, a provincias con identidad peronista como La Rioja.
La decisión del fiscal general Javier Vallejos de poner límites claros a la denuncia pública irresponsable marca un punto de inflexión institucional. No existe, según confirmó la propia Justicia, ninguna denuncia formal ni antecedente judicial contra el sacerdote. Las acusaciones surgieron exclusivamente de publicaciones en redes sociales y medios digitales, sin respaldo probatorio alguno. Aun así, el daño simbólico, personal y social ya estaba en marcha. Ese es, precisamente, el objetivo de estas operaciones: instalar la sospecha, erosionar reputaciones y disciplinar políticamente mediante el escarnio público.
Lo verdaderamente inquietante es que este tipo de prácticas no son excepcionales. En los últimos años, sectores ligados a La Libertad Avanza han recurrido de manera sistemática a la difusión de fake news y acusaciones graves sin sustento judicial, apoyándose en ejércitos de militantes digitales que actúan de forma coordinada. La gravedad institucional se multiplica cuando existen indicios y denuncias periodísticas que sugieren que estas estructuras de propaganda y hostigamiento podrían estar siendo sostenidas, directa o indirectamente, con recursos del Estado nacional. Si ello fuera así, no estaríamos solo ante una degradación del discurso político, sino frente a un uso faccioso del dinero público para perseguir y atacar adversarios.
La Rioja aparece, en este esquema, como un blanco recurrente. No es casual: se trata de una provincia con una identidad política claramente peronista, que ha sostenido posiciones críticas frente al actual gobierno nacional. La estigmatización de sus dirigentes, de sus instituciones e incluso de figuras sociales o religiosas vinculadas a la comunidad riojana responde a una lógica de castigo político. Se busca construir un relato de sospecha permanente, desacreditar cualquier voz disidente y presentar a la provincia como un territorio moralmente cuestionable, todo sin pasar jamás por el tamiz del debido proceso.
La actuación de la Justicia provincial viene a recordar un principio básico del Estado de Derecho: la denuncia no es un acto comunicacional ni una herramienta de marketing político. Es un acto jurídico serio, que debe realizarse ante las autoridades competentes y con responsabilidad. Cuando se sustituye el sistema judicial por el linchamiento digital, no hay libertad de expresión que valga. Hay, en cambio, posibles delitos: desobediencia a la autoridad judicial, falsa denuncia y difamación.
Pero el problema excede lo jurídico. Cuando desde el poder —o con su tolerancia— se promueve una cultura de la mentira organizada, se erosiona la confianza social y se vacía de sentido la convivencia democrática. Utilizar fake news como arma política, y peor aún, financiar esa maquinaria con fondos públicos, implica cruzar una frontera ética e institucional que una democracia no puede permitirse.
Que la Justicia de La Rioja haya decidido actuar con rapidez y firmeza no es censura, como algunos intentarán instalar, sino una defensa activa del orden constitucional. Marcar límites a la violencia simbólica y a la judicialización mediática es proteger a las personas, pero también a la democracia. Porque cuando el Estado se convierte en sponsor del odio y la mentira, lo que está en juego ya no es una interna política: es la salud misma de la República.
Este llamado de atención debería resonar en todo el país. La democracia no se fortalece con trolls ni con fake news, sino con instituciones que funcionan, responsabilidades claras y un uso transparente de los recursos públicos. Cualquier otra cosa es una amenaza que no puede ni debe ser naturalizada.
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