La crisis del empleo que atraviesa hoy la Argentina no admite eufemismos ni lecturas complacientes. Lo que está en marcha no es un simple “reordenamiento” económico ni una transición inevitable hacia un nuevo modelo productivo, sino un proceso de destrucción acelerada del trabajo, del entramado industrial y de los equilibrios territoriales que sostienen la vida económica del país. Las políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, lejos de corregir distorsiones, están profundizando desigualdades históricas y descargando su mayor peso sobre las provincias.
Los datos son elocuentes y provienen de una fuente insoslayable: el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Entre 2024 y 2025 se registraron 629 conflictos laborales, casi 20.000 empresas cerraron sus puertas y más de 276.000 puestos de trabajo registrados se perdieron en todo el país. No se trata de percepciones ni de posicionamientos ideológicos, sino de un relevamiento exhaustivo que retrata una crisis de alcance nacional, transversal a sectores como la industria, el comercio, los servicios y la construcción.
El denominador común de este deterioro es claro: caída del consumo interno, apertura indiscriminada de importaciones, paralización de la obra pública y un retiro deliberado del Estado de cualquier política activa de protección del empleo. El mercado, exaltado como único ordenador social, no absorbió a los trabajadores expulsados ni generó nuevas oportunidades. Por el contrario, profundizó la exclusión y consolidó un escenario regresivo.
En este contexto, las provincias emergen como las principales víctimas del modelo. Y La Rioja, según el mapa federal de conflictos elaborado por el CEPA, se ubica entre las más castigadas del norte argentino. Con 52 conflictos laborales registrados, la provincia exhibe con crudeza los efectos de un programa económico diseñado desde una lógica centralista, ajena a las realidades productivas regionales y funcional a la profundización de las asimetrías.
La industria riojana, sostenida históricamente por políticas de promoción y por un tejido de pequeñas y medianas empresas, atraviesa una situación crítica. El sector textil y manufacturero —uno de los principales generadores de empleo privado— está siendo desmantelado. Cierres, despidos y suspensiones se multiplican en firmas como Hilados, Vulcalar, Giaupure, Ricotex, Teknor, Version, Induquan y diversas cooperativas del interior provincial. Solo en lo que va de 2025, más de 170 trabajadores industriales perdieron su empleo, a lo que se suman retiros “voluntarios” forzados y suspensiones que funcionan, en los hechos, como despidos encubiertos.
El patrón se repite con precisión quirúrgica: desplome de ventas, aumento de costos, reducción de jornadas y salarios, procesos preventivos de crisis y, finalmente, el cierre definitivo. La apertura de importaciones, presentada como sinónimo de competitividad, terminó de asfixiar a empresas locales que no pueden competir en igualdad de condiciones con productos extranjeros subsidiados o producidos a escala. El resultado es tangible: fábricas que se apagan y trabajadores expulsados del sistema formal.
A este cuadro se suma la paralización casi total de la obra pública. En La Rioja, la construcción fue históricamente un motor clave de empleo y dinamización económica. El freno absoluto a la inversión estatal no fue compensado por inversión privada, sino que generó un vacío que profundiza la recesión y multiplica los despidos, debilitando aún más el tejido social.
En medio de este derrumbe, el informe del CEPA deja al descubierto una paradoja incómoda para el discurso oficial: el empleo público es hoy el único sector que logra sostenerse. No porque crezca, sino porque no colapsa al ritmo del empleo privado. En provincias como La Rioja, los salarios estatales en salud, educación, seguridad y administración funcionan como el último dique de contención social frente a una economía que expulsa trabajadores.
Sin embargo, es ese mismo empleo público el que el gobierno nacional señala como problema, mientras elude su responsabilidad en la destrucción del trabajo privado. Lo que se desmonta a gran velocidad no es una estructura ineficiente, sino años de construcción de empleo registrado, industria nacional y desarrollo regional, sacrificados en nombre de una decisión política que renuncia explícitamente a proteger la producción y el trabajo argentino.
La Rioja se convierte así en un espejo de la crisis nacional. Cada empresa que cierra no es solo un dato estadístico: es una familia que pierde su sustento, un barrio que se empobrece, un joven que migra o cae en la informalidad. El impacto social es profundo, persistente y compromete el futuro de una provincia que apostó al empleo como herramienta de inclusión y arraigo.
La crisis del empleo no es una abstracción ni un daño colateral inevitable. Tiene responsables, causas identificables y consecuencias concretas. Mientras el gobierno celebra el ajuste como un logro macroeconómico, en provincias como La Rioja la realidad exhibe su verdadero costo: un entramado productivo devastado, un mercado laboral en retroceso y un Estado que, aun con límites, sigue siendo el último sostén frente al derrumbe.
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