La provincia de Santa Fe atraviesa horas de alta tensión a raíz de una protesta policial que se intensificó en la ciudad de Rosario y que, según advierten especialistas y fuentes oficiales, podría extenderse a otras provincias si no se alcanza una solución en el corto plazo. El conflicto tiene como eje central el reclamo salarial, aunque también expone graves problemas estructurales vinculados a las condiciones laborales, la salud mental y el funcionamiento del sistema de seguridad.
Durante las últimas horas, la situación se agravó luego de que fracasara una reunión prevista entre policías manifestantes y autoridades del Ministerio de Seguridad provincial. Si bien se había anunciado un encuentro formal, finalmente solo fue recibido un abogado representante de los efectivos, quien se retiró sin una propuesta concreta. Tras ello, los manifestantes retomaron los cortes de calle frente a la Unidad Regional II, sede central de la Jefatura de Policía de Rosario, utilizando patrulleros y motos para bloquear la circulación.
Santa Fe está dividida en 19 unidades regionales, y aunque la protesta más visible se concentra en Rosario, no es la única expresión de malestar dentro de la fuerza. En este contexto, el Ministerio de Seguridad decidió apartar a una veintena de policías señalados como cabecillas del reclamo, una medida que lejos de descomprimir el conflicto generó mayor enojo entre los efectivos.
Salarios por debajo de la línea de pobreza
El reclamo policial gira principalmente en torno a la recomposición salarial. Según recibos de sueldo correspondientes a enero, un policía con alrededor de 25 años de servicio percibe entre 950.000 y 1.300.000 pesos netos, cifras que, de acuerdo con los propios protagonistas del conflicto, no alcanzan para cubrir el costo de vida actual. El sueldo básico ronda apenas los 41.000 pesos, mientras que el resto del ingreso se completa con adicionales, riesgos profesionales y otros ítems, muchos de ellos no remunerativos.
Desde el propio gobierno provincial, una fuente de alto nivel reconoció en estricto off que los reclamos “no son mentira” y que los policías “tienen razón”, aunque aclaró que no podía expresarlo públicamente. En paralelo, desde la gestión provincial se intentó explicar el conflicto como un intento de desestabilización o como una reacción frente al combate a circuitos de corrupción interna, como el robo de combustible. Sin embargo, tanto analistas como policías de base sostienen que el trasfondo es esencialmente económico y que “pagan justos por pecadores”, ya que los efectivos de calle no participan de esas maniobras.
Jornadas extensas, desarraigo y desgaste psicológico
Más allá del salario, el conflicto dejó al descubierto duras condiciones de trabajo. Muchos policías viven en el norte o centro de la provincia y deben trasladarse a Rosario, invirtiendo hasta 12 horas diarias en viajes, el mismo tiempo que deberían destinar al descanso entre turnos. En algunos casos, se ven obligados a dormir en terminales de colectivos o en condiciones precarias.
Una policía con seis años de antigüedad, identificada solo como Carmen para evitar sanciones, relató que no tiene días libres porque debe realizar servicios adicionales todos los días para poder llegar a fin de mes. Esta situación genera un fuerte desgaste físico y mental en una fuerza que trabaja armada, bajo presión constante y sin posibilidad de sindicalización ni de realizar huelgas legales.
El conflicto se agravó tras el suicidio de un policía, hecho que volvió a poner sobre la mesa la problemática de la salud mental dentro de la fuerza. Especialistas advierten que la combinación de bajos salarios, falta de descanso, estrés permanente y responsabilidad en el uso de armas resulta altamente peligrosa, tanto para los propios efectivos como para la sociedad.
Impacto en la seguridad y riesgo de efecto contagio
La protesta ya comienza a reflejarse en el servicio de seguridad. Se habla de policías trabajando “a desgano”, una señal que, según se advierte, no pasa desapercibida para el delito. “Si esto se prolonga, la seguridad del ciudadano se va a resentir seriamente”, alertaron, recordando antecedentes como el conflicto policial en Misiones en 2024, que se extendió durante más de diez días.
El temor principal es que la protesta se replique en otras provincias, en un contexto nacional donde las fuerzas de seguridad, incluidas las federales, también perciben salarios bajos. Gendarmes y policías federales que reforzaron la seguridad en Rosario reconocieron cobrar incluso menos que sus pares provinciales.
Mientras el gobierno provincial anunció aumentos y pluses no remunerativos focalizados en el personal de calle, el reclamo continúa, ya que estas medidas excluyen a policías heridos, personal administrativo y retirados. En un escenario de creciente malestar social, el conflicto policial en Santa Fe expone una discusión de fondo sobre salarios, coparticipación federal, prioridades presupuestarias y el futuro del sistema de seguridad en la Argentina.
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