Reforma laboral: fuerte costo fiscal y transferencia de recursos del trabajo al capital, según un informe del CEPA

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte que los cambios impositivos incluidos en la reforma laboral impulsada por el Gobierno implican una significativa transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital, con un costo fiscal total estimado en casi 10.000 millones de dólares anuales, equivalente al 1,5% del PBI

.Rebaja de contribuciones patronales y desfinanciamiento de la seguridad social

Uno de los ejes centrales de la reforma es la reducción generalizada de las contribuciones patronales. Según el informe, esta medida tendrá un costo fiscal anual de 2.070 millones de dólares, producto de la baja de alícuotas tanto para grandes empleadores de los sectores Comercio y Servicios como para el resto del sector privado

.A esto se suma la reducción de un punto porcentual en el aporte patronal destinado a las obras sociales sindicales, que pasa del 6% al 5%. Esta modificación representa un ahorro para los empleadores de 679 millones de dólares anuales, recursos que dejan de financiar el sistema de salud laboral

.Fondo de Asistencia Laboral: financiamiento de despidos con aportes previsionales

La reforma crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiará con un aporte del 3% de la masa salarial bruta. Ese porcentaje será compensable con contribuciones patronales, lo que implica una reducción directa de los fondos destinados al sistema previsional, al PAMI y a las asignaciones familiares

.El informe advierte que este esquema abarata el costo del despido al permitir que las indemnizaciones se cubran con recursos que anteriormente financiaban la seguridad social, profundizando el desfinanciamiento del SIPA y abriendo la puerta a futuras reformas previsionales más regresivas.

Incentivos a la formalización y nuevo blanqueo laboral

Otro punto destacado es la creación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, que establece que, para nuevas contrataciones, los empleadores paguen solo un 8% de contribuciones patronales durante 48 meses, incluyendo dentro de ese porcentaje el aporte al FAL. El CEPA señala que esta medida constituye, en los hechos, una nueva reducción de aportes patronales financiada por el sistema de seguridad social

.En paralelo, se lanza el programa de Promoción del Empleo Registrado, que funciona como un nuevo blanqueo laboral con amplias amnistías fiscales, previsionales y penales, incluyendo la extinción de la acción penal tributaria y la condonación de multas y sanciones. El informe remarca que se trata de un segundo esquema de regularización masiva tras el fracaso del implementado en 2024

.Menos Ganancias y más impacto en provincias

La reforma también reduce la alícuota del Impuesto a las Ganancias para Sociedades, con un costo fiscal estimado en 2.279 millones de dólares anuales. De ese total, 2.099 millones benefician a apenas 15.474 grandes empresas, mientras que el resto corresponde a firmas pequeñas y medianas

.Esta decisión impacta directamente en las provincias a través de la coparticipación: la merma promedio de recursos es del 2,7%, con distritos como La Rioja, La Pampa, San Luis y Santa Cruz entre los más afectados

.Eliminación de impuestos internos para sectores de altos ingresos

El informe también cuestiona la eliminación de impuestos internos que gravaban bienes y servicios asociados a los sectores de mayores ingresos, como vehículos de alta gama, aeronaves, embarcaciones y objetos suntuarios, con un costo fiscal estimado de 330 millones de dólares anuales. A esto se suman 45 millones de dólares por la eliminación de impuestos a servicios como telefonía, seguros y comunicación audiovisual, además del impacto sobre el financiamiento del INCAA

.Un impacto global cercano a los USD 10.000 millones

En conjunto, el CEPA estima que la suma de rebajas impositivas, reducción de aportes patronales y eliminación de tributos implica un impacto fiscal total de 9.907 millones de dólares anuales, consolidando —según el organismo— un esquema regresivo que reduce recursos del Estado y debilita el sistema de protección social en beneficio del capital