Editorial | Reforma laboral: cuando el ajuste se disfraza de modernización

Hay palabras que suenan bien, pero esconden decisiones profundamente injustas. “Modernización”, “incentivos”, “formalización”, “competitividad”. El Gobierno nacional las repite como un mantra para vender su reforma laboral. Pero cuando uno corre el velo técnico y mira los números reales, lo que aparece no es una modernización, sino una transferencia directa de recursos desde el trabajo hacia el capital, pagada con menos derechos, menos seguridad social y menos Estado.

La reforma laboral que impulsa el oficialismo no busca crear empleo de calidad. Busca abaratar el costo laboral, facilitar el despido y reducir al mínimo el aporte empresario al sistema previsional y de salud. Todo lo demás es relato.

Empecemos por lo básico: el Gobierno decidió bajar las contribuciones patronales de manera generalizada. Eso significa menos plata para jubilaciones, menos recursos para el PAMI, menos fondos para asignaciones familiares. El costo fiscal de esa sola decisión supera los dos mil millones de dólares por año. ¿Quién paga esa cuenta? No las empresas. La paga el sistema de seguridad social y, en última instancia, los jubilados y los trabajadores.

A eso se suma la reducción del aporte patronal a las obras sociales sindicales. Un punto menos que se traduce en 679 millones de dólares anuales que dejan de financiar la salud de los trabajadores. Menos hospitales, menos prestaciones, menos medicamentos. Pero más alivio para los balances empresariales.

Y como si eso fuera poco, el Gobierno crea el llamado Fondo de Asistencia Laboral, el famoso FAL. Un fondo que se financia con el 3% de la masa salarial y que se presenta como una herramienta “moderna” para cubrir despidos. Traducido al castellano: los despidos se pagan con plata que antes iba a jubilaciones y seguridad social. Se abarata la desvinculación laboral y se vacía el sistema previsional. Negocio redondo para el empleador, desastre asegurado para el trabajador.

El mensaje es claro: despedir va a ser más barato, más rápido y menos costoso. Y después nos quieren convencer de que eso va a generar empleo.

Pero la reforma no termina ahí. También incluye un nuevo régimen de “incentivo a la formalización”, donde el empleador paga apenas 8% de contribuciones patronales por casi cuatro años. Es decir, el Estado resigna recursos clave con la promesa —ya fracasada en otras etapas— de que el mercado va a hacer magia.

Y por si quedaba alguna duda del rumbo ideológico, el Gobierno suma un nuevo blanqueo laboral, con perdón fiscal, previsional y hasta penal para quienes incumplieron la ley. El mensaje es devastador: cumplir no conviene, esperar la próxima amnistía sí.

Mientras ajusta sobre trabajadores y jubilados, el Gobierno también baja el Impuesto a las Ganancias para las grandes empresas. Más de 2.000 millones de dólares de beneficio concentrado en apenas quince mil firmas. Y como las Ganancias se coparticipan, las provincias pierden recursos. Menos plata para salud, educación y obra pública en el interior del país.

Como broche final, se eliminan impuestos a autos de lujo, embarcaciones, aeronaves y bienes suntuarios. Ajuste para abajo, alivio para arriba. Siempre el mismo modelo.

En total, el costo fiscal de este combo supera los 9.900 millones de dólares por año. No es austeridad. Es una decisión política. El Estado se retira de sus funciones básicas para favorecer a los sectores más concentrados de la economía.

Que no nos engañen con tecnicismos. Esta reforma laboral no busca más empleo ni más crecimiento. Busca un país con trabajadores más débiles, jubilados más pobres y empresas más desentendidas de su responsabilidad social.

Eso no es libertad. Es desigualdad institucionalizada.

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