Cuando hablamos de poder real no nos referimos al comerciante que lucha por sostener su persiana abierta ni al pequeño empresario que hace malabares para pagar sueldos. Hablamos de los verdaderos dueños: un puñado de hombres poderosos, concentrados, que vienen por todo. Y la primera batalla, la más decisiva, empieza el miércoles próximo, cuando el Senado de la Nación comience a discutir una reforma laboral profundamente regresiva.
Es cierto que en la Argentina hay millones de personas que trabajan en negro. Es cierto que muchos no cobran aguinaldo, no tienen vacaciones, no ven respetados convenios colectivos y son empujados a facturar como monotributistas aunque dependan de un solo empleador. Pero que nadie se engañe: esta reforma no viene a protegerlos. Al contrario. Viene también por ellos.
Porque cuando se recortan derechos a quienes están en blanco, los primeros perjudicados son también quienes están en negro. Si dejan de pagar horas extra, si se instala el banco de horas, si se flexibiliza la jornada, ¿alguien cree que el trabajador informal va a cobrar lo que el formal deja de cobrar? Cuando el piso baja, baja para todos.
Uno de los golpes más graves de esta reforma es el ataque al derecho a la indemnización. Hoy, incluso quien trabajó en negro tiene la posibilidad de reclamar judicialmente. Puede aspirar a que un juez reconozca años de aportes no realizados y una indemnización por despido. Con este proyecto, esa puerta se cierra. Se legaliza la desprotección y se consolida la impunidad del empleador abusivo.
Esta avanzada no se limita a un sector. También busca derogar estatutos profesionales, como el Estatuto del Periodista, bajo el argumento de que son “privilegios de casta”. Lo dicen del periodismo, pero también de viajantes de comercio, peluqueros y otros trabajadores con regímenes específicos. Se presenta como modernización lo que en realidad es un viaje directo al pasado: jornadas extensas, derechos recortados y trabajadores descartables.
Modernizar no es precarizar. En los países que solemos admirar, como España, se discuten menos horas de trabajo, derecho a la desconexión, mejores condiciones para quienes trabajan en plataformas. Se amplían derechos, no se los arranca de raíz. Dar agua a un repartidor en plena ola de calor no es un lujo: es humanidad básica.
El ataque al Estatuto del Periodista no es solo un problema del gremio. Es un problema democrático. Porque ese estatuto protege la libertad de informar, evita despidos arbitrarios por decir lo que incomoda y garantiza diversidad de voces. Sin periodismo protegido, muchas verdades no saldrían a la luz: casos de corrupción, represiones, negociados, abusos de poder. Sin periodismo, la sociedad queda a oscuras.
No es casual que este avance vaya acompañado de represión, amedrentamiento policial y un discurso que desprecia la educación, la ciencia y la información. Se ataca lo que algunos llaman el “horizonte de verdad”: universidades, investigadores, docentes y periodistas. Para que la mentira funcione, primero hay que debilitar a quienes la desmienten.
Frente a esto, no queda otra que defenderse. Defender derechos, defender la democracia, defender la dignidad del trabajo. Pero no desde el miedo ni la resignación. Como se dijo en el Congreso, esto no se gana llorando: se gana de pie, con organización, con solidaridad y con abrazos.
La reforma laboral que se discute es algo que puede tener efecto por muchos años. Sus consecuencias pueden afectar a nuestra nación por décadas. Por eso, cuando dicen que vienen por todo, no exageran. La pregunta es si vamos a mirar para otro lado o si vamos a estar a la altura de la historia.
