La gestión del actual gobierno nacional se ha caracterizado, desde sus tiempos de campaña, por una narrativa de austeridad intransigente. Bajo la premisa de que «no hay plata», la cultura fue uno de los primeros blancos, etiquetada rápidamente no como una industria o un derecho, sino como un gasto superfluo, y en el peor de los casos, como una herramienta de adoctrinamiento político. Sin embargo, a medida que la gestión avanza, la realidad comienza a exponer una flagrante contradicción entre el relato de la «motosierra» y las acciones concretas de sus protagonistas.
Durante meses, las provincias han sido el blanco predilecto del Ejecutivo nacional. Se ha fustigado públicamente a gobernadores e intendentes por la realización de festivales tradicionales, acusándolos de despilfarrar el dinero de los contribuyentes en «circo» mientras la ciudadanía padece la crisis. Se instaló la idea de que cada peso destinado a un artista en un escenario es un peso que se le roba al hambre de un niño, una simplificación peligrosa que ignora la dinámica económica real de las regiones.
Lo que el gobierno nacional omite deliberadamente es que los festivales provinciales no son meros eventos de entretenimiento; son motores económicos. En provincias donde el sector privado lucha por crecer, el turismo de eventos activa la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio informal. Atacar estos festivales es atacar el aguinaldo del mozo, las ventas del artesano y la ocupación hotelera de ciudades enteras.
La contradicción se vuelve insostenible al observar el doble rasero con el que se mide la actividad. Mientras se demoniza a las provincias del norte por sostener sus tradiciones, trasciende la noticia de que el Presidente de la Nación asistiría a un importante festival en la provincia de Córdoba. ¿Cómo se explica que los festivales sean un «gasto inmoral» cuando los organizan unos, pero se conviertan en un escenario válido y digno de presencia presidencial cuando ocurren en distritos políticamente afines o estratégicos? Si el concepto es que «no hay plata» para la cultura, la austeridad debería ser ciega y no selectiva.
El caso de La Rioja sirve para desmantelar aún más este relato de supuesta irresponsabilidad fiscal provincial. Lejos de la caricatura del despilfarro, la ingeniería financiera detrás de eventos como la Chaya o los festivales departamentales demuestra una gestión de recursos que el gobierno central finge desconocer. Gran parte de estos fondos provienen del Consejo Federal de Inversiones (CFI), asignaciones específicas para el desarrollo que no compiten con partidas de salud o educación.
Más contundente aún es el modelo de autosustentabilidad aplicado recientemente: los artistas de la Chaya de este año se financiaron con los recursos recaudados en la edición anterior. Es decir, la fiesta se pagó a sí misma. Esto no es gasto público; es administración eficiente de un activo cultural.
Es hora de que el gobierno nacional abandone la demagogia de atacar a la cultura para ganar likes en redes sociales. No se puede condenar el federalismo cultural con una mano y pretender capitalizar su convocatoria con la otra. La cultura es industria, es trabajo y es identidad; no un interruptor que se enciende o se apaga según la conveniencia de la foto política del momento.
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