La transición venezolana abierta tras la captura de Nicolás Maduro expuso, con crudeza, una verdad incómoda: la política internacional no se rige solo por principios democráticos, sino también por egos, cálculos de poder y equilibrios frágiles. En ese escenario, María Corina Machado pasó, casi de un día para otro, de ser el símbolo más potente de la resistencia opositora a convertirse en una figura incómoda para quienes hoy administran la transición desde Washington.
Según reveló el Washington Post, el desdén de Donald Trump hacia Machado no respondería únicamente a razones estratégicas, sino también a un factor personal: los celos que habría despertado en el expresidente estadounidense la concesión del Premio Nobel de la Paz a la dirigente venezolana. La idea de que ese galardón “le correspondía” a Trump, especialmente por su rol en conflictos internacionales, habría transformado la aceptación del premio por parte de Machado en una suerte de afrenta personal. En la lógica trumpista, donde el liderazgo se mide tanto por gestos simbólicos como por resultados, ese gesto habría sido imperdonable.
Sin embargo, reducir el distanciamiento a una cuestión de vanidad sería simplista. Detrás del ninguneo público se esconde una lectura más profunda y, sobre todo, más pragmática. Estados Unidos parece haber chocado con una realidad estructural: el peso decisivo de las Fuerzas Armadas venezolanas. Aunque las encuestas muestran que alrededor de la mitad de la población reconoce a Machado como la principal líder opositora y que, en un escenario electoral competitivo, podría superar el 50% de los votos, el estamento militar no la acepta como interlocutora válida. Y en Venezuela, el poder militar sigue siendo un tótem.
Desde esta perspectiva, Washington opta por una transición ordenada antes que por una ruptura total. La aceptación de Delcy Rodríguez como figura de continuidad revela que la prioridad no es la “pureza democrática”, sino evitar el caos, garantizar gobernabilidad y preservar intereses estratégicos, entre ellos la estabilidad económica y energética. Un reconocimiento pleno e inmediato de Edmundo González Urrutia como presidente legítimo implicaría anular de un plumazo toda la estructura estatal vigente, con el riesgo de fragmentar el país y radicalizar al chavismo residual, que aún conserva un núcleo duro cercano al 30%.
La paradoja es evidente. Gran parte de lo que hoy justifica la caída de Maduro —la demostración del fraude electoral— es consecuencia directa de la estrategia de María Corina Machado, que logró documentar y exponer las irregularidades del régimen. Sin ese trabajo previo, la narrativa internacional que permitió la intervención y la captura del dictador habría sido inviable. Y, sin embargo, ese mismo capital político no alcanza para conducir la transición.
El riesgo de este esquema es doble. Por un lado, que una “continuidad light” del chavismo vacíe de contenido la épica democrática que movilizó a millones de venezolanos. Por otro, que la oposición quede atrapada en una defensa rígida de los resultados de 2024 sin capacidad real de imponerlos, mientras el oficialismo se reorganiza bajo el discurso de la soberanía frente a la intervención extranjera.
En última instancia, el futuro de Venezuela no se resolverá solo en despachos de Washington ni en disputas de liderazgo. Dependerá de la capacidad de los propios venezolanos para transformar una transición forzada en una transición legítima, inclusiva y duradera. Como recuerda Serrat, detrás de las gestas y de los grandes nombres, siempre está la gente. Y será esa gente la que determine si este proceso abre, por fin, un camino de reconstrucción democrática o perpetúa una nueva forma de estancamiento.
About The Author
