Estamos frente a un conflicto donde la manipulación del relato ha sido tan decisiva como cualquier despliegue militar. Como advertía Maquiavelo, al gobernante no se lo juzga por la verdad de sus actos, sino por sus resultados; la apariencia de virtud suele ser más útil que la virtud misma.
Durante años se sostuvo la existencia de un supuesto “cartel de los soles”, presentado como una megared criminal liderada por Nicolás Maduro. Sin embargo, aquello que nació como una etiqueta periodística en los años noventa —una metáfora sobre la corrupción en sectores de la Guardia Nacional— fue inflado hasta convertirse en un monstruo judicial sin pruebas concluyentes, sin estructura verificable y, finalmente, sin lugar en la acusación formal del propio Departamento de Justicia de Estados Unidos. La fábula fue útil mientras sirvió para justificar sanciones, presión política y, más tarde, una intervención. Cuando dejó de ser funcional, fue descartada sin demasiadas explicaciones.
Este manejo del relato no es accidental. Como explicó el general retirado Martín Paleo, la información se ha convertido en un dominio más del conflicto: antes, durante y después de cualquier operación, el control de la narrativa es tan importante como el control del territorio. La guerra ya no empieza con el primer disparo, sino con el primer mensaje viral. Operaciones psicológicas, filtraciones selectivas y campañas en redes construyen legitimidad allí donde los hechos no alcanzan.
Pero el uso instrumental de la mentira no es patrimonio exclusivo de Washington. El chavismo también administra silencios y ambigüedades: desmoviliza protestas, oculta datos sobre víctimas, minimiza daños y negocia mientras proclama resistencia. Dice una cosa y hace otra. Aquí encaja la reflexión de Max Weber sobre la ética de la responsabilidad: gobernar no es refugiarse en buenas intenciones, sino asumir las consecuencias reales de las decisiones. Ni la retórica moral ni la épica revolucionaria absuelven el daño causado.
Cuando la acusación de narcotráfico pierde fuerza, queda expuesta la lógica desnuda de la realpolitik. Donald Trump no lo oculta: el interés central es el control político y económico del territorio y, especialmente, del petróleo. La afirmación de que Venezuela “robó” el petróleo estadounidense carece de base en el derecho internacional. Los recursos naturales pertenecen al Estado soberano en cuyo territorio se encuentran, y las disputas por expropiaciones se resuelven mediante arbitrajes y compensaciones, como de hecho ocurrió durante décadas, incluso antes del chavismo. La mayoría de las grandes nacionalizaciones venezolanas se produjeron en los años setenta, al mismo tiempo que en otros países aliados de Estados Unidos.
Sin embargo, el discurso del “robo” funciona como justificación emocional para imponer por la fuerza intereses económicos. Cuando se eliminan los eufemismos, aparece una idea inquietante: la liberación tiene un precio, y ese precio se paga en recursos. Para muchos venezolanos perseguidos y exiliados, esa cesión puede parecer un mal menor. Pero no deja de revelar una profunda hipocresía: la democracia y los derechos humanos operan como monedas retóricas, intercambiables según convenga.
La captura de Maduro, presentada como una proeza quirúrgica, deja más preguntas que certezas: ausencia de resistencia, sistemas antiaéreos intactos, fuerzas licenciadas y cero bajas estadounidenses. La hipótesis de un pacto previo puede no estar probada, pero resulta verosímil en un escenario donde el pragmatismo se impone a cualquier principio.
Lo que se vendió como cruzada moral contra un “narcoestado” terminó siendo una operación de poder sostenida por relatos descartables. La transición venezolana nace de la fuerza y no del derecho, y ese precedente pesa no solo sobre Venezuela, sino sobre toda la región. Quizá, cuando se desclasifiquen los documentos y se enfríen las pasiones, sepamos cuánto de lo dicho fue convicción y cuánto simple excusa. Hasta entonces, conviene recordar: cuando el poder habla demasiado alto, casi siempre conviene desconfiar.
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