El anuncio del cierre de negociaciones para un acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos fue presentado como un hito diplomático. Sin embargo, conviene bajar el entusiasmo y mirar con atención qué hay detrás de esa palabra tan repetida: “acuerdo”. Porque, en los hechos, cuesta encontrar una negociación equilibrada y sobran indicios de un alineamiento político e ideológico que condiciona los términos del entendimiento.
Lo primero que hay que aclarar es que el acuerdo no entra en vigencia de manera automática. Aún debe pasar por el Congreso. Pero el clima político y comunicacional en el que se lo anunció ya dice mucho: se lo presentó como un logro cerrado, casi irreversible, cuando todavía deberían discutirse sus impactos sector por sector, cláusula por cláusula.
Al revisar el contenido, incluso de manera general, aparece una constante: Argentina asume más obligaciones de las que asume Estados Unidos. Se facilita el ingreso de productos estadounidenses —medicamentos, vehículos, maquinaria, bienes agrícolas— con menores aranceles y mayores ventajas, mientras que las supuestas contrapartidas para Argentina son difusas, limitadas o concentradas en sectores primarios tradicionales.
No es casual cómo lo promociona Estados Unidos. Su propia autoridad comercial habla de “acceso preferencial al mercado argentino” para sus exportaciones. Es decir, el acuerdo se vende hacia adentro como una recuperación de terreno perdido en América Latina, donde la presencia estadounidense viene cayendo frente al avance de China. En Argentina, en cambio, se lo presenta como una oportunidad de inserción inteligente en el mundo.
Y ahí aparece la dimensión geopolítica. Este acuerdo no puede entenderse solo en términos comerciales. Forma parte de una estrategia más amplia de Estados Unidos para asegurar redes de proveedores confiables ante una eventual disputa mayor con China. No es casual que se incluyan cláusulas sobre tecnología, comunicaciones y seguridad, ni que se mencione explícitamente la necesidad de evitar proveedores que “comprometan la propiedad intelectual”. El mensaje es claro y tiene destinatario.
También es clave el tema de los minerales críticos. El acuerdo abre la puerta a un acceso preferencial de Estados Unidos a recursos estratégicos argentinos, sin que queden claros compromisos concretos de inversión, agregado de valor local o desarrollo tecnológico. Se exporta materia prima, se importa dependencia.
Mientras tanto, sectores industriales sensibles, como el acero, quedan afuera de cualquier beneficio real. Estados Unidos mantiene un fuerte proteccionismo en esos rubros, con aranceles que no se revisan ni siquiera para socios estratégicos. No hay simetría posible cuando una de las partes protege su industria y la otra liberaliza sin red.
Todo esto ocurre en un contexto económico interno muy delicado. La destrucción de empleo formal es sostenida y profunda. Se pierden puestos de trabajo a un ritmo alarmante, mientras el rebusque, la autoexplotación en plataformas y el endeudamiento familiar se convierten en estrategias de supervivencia. La morosidad crece, sobre todo en los sectores más vulnerables que quedan fuera del sistema bancario tradicional.
Al mismo tiempo, el Estado resigna recursos clave. La recaudación por impuestos progresivos, como Bienes Personales, cae drásticamente. Se aliviana la carga sobre los sectores más ricos y se compensa ajustando sobre pymes, autónomos y monotributistas. El discurso de la baja de impuestos no es general: es selectivo.
En ese marco, el acuerdo con Estados Unidos aparece menos como una herramienta para el desarrollo y más como una pieza de un modelo que prioriza la apertura, el alineamiento y la confianza externa por sobre la producción, el empleo y el mercado interno. No es una discusión ideológica abstracta: es una discusión material, concreta, que impacta en cómo se trabaja, se produce y se vive en la Argentina.
Los acuerdos comerciales no son buenos ni malos en sí mismos. Dependen de para qué y para quiénes se firman. Y cuando los beneficios no están claros, cuando las obligaciones pesan más que las ventajas y cuando el contexto social es de ajuste y pérdida, la pregunta es inevitable: ¿quién gana y quién paga este acuerdo?
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