La creación de la llamada Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina abre una discusión profunda que va mucho más allá de una simple cuenta en redes sociales. No se trata solo de una nueva herramienta comunicacional del Poder Ejecutivo, sino de una señal política que merece ser analizada con detenimiento, especialmente en un contexto donde el acceso a la información pública se encuentra cada vez más restringido.
Según el comunicado oficial, esta oficina nace con el objetivo de “desmentir activamente la mentira”, “señalar falsedades” y “combatir la desinformación brindando más información”. El problema es que, en los hechos, ocurre exactamente lo contrario. El Gobierno no amplía los canales de información: los reduce. No responde preguntas, no brinda explicaciones completas y no se expone al intercambio directo con la prensa independiente.
La figura elegida para conducir esta oficina proviene del universo de las redes sociales más agresivas, donde el señalamiento y la descalificación reemplazan al argumento. Lo que antes era un ataque inorgánico, ahora se institucionaliza. El escrache, que ya tuvo antecedentes en otros momentos de la historia reciente, pasa a formar parte del aparato formal del Estado.
El punto central no es que un gobierno quiera defender su relato. Eso es parte del juego democrático. El problema aparece cuando esa defensa no se apoya en datos verificables ni en información accesible, sino en desmentidas parciales, en “pedacitos de verdad” y, muchas veces, en el silencio absoluto frente a preguntas incómodas.
Podemos citar varios ejemplos. No hay respuestas claras sobre el manejo de reservas, sobre acuerdos financieros internacionales, sobre posibles conflictos de interés dentro del propio gabinete, ni sobre premios internacionales que, por ley, no pueden ser recibidos de manera personal. Tampoco hay explicaciones sobre decisiones económicas de enorme impacto social. El ministro de Economía no rinde cuentas ante el Congreso. El presidente no da conferencias de prensa. Las ruedas de prensa se restringen o directamente desaparecen.
Mientras tanto, se avanza sobre otro terreno sensible: el de los indicadores públicos. Se cuestionan estadísticas oficiales, se desplazan funcionarios técnicos, se anuncian nuevos índices de pobreza o inflación elaborados desde el propio Ejecutivo, y se posterga la actualización de herramientas fundamentales para medir la realidad social. Todo esto ocurre mientras se acusa a otros de “mentir”.
La paradoja es evidente: en nombre de combatir la desinformación, se debilita el sistema que garantiza información confiable. En nombre de la transparencia, se cierran puertas. En nombre de la libertad, se señala, se expone y se intimida desde cuentas oficiales.
Una democracia sana no necesita oficinas para marcar enemigos, sino instituciones que respondan preguntas. No necesita cuentas que desacrediten periodistas, sino conferencias de prensa abiertas. No necesita relatos cerrados, sino datos abiertos.
La información pública no es una concesión del poder: es un derecho ciudadano. Y cada vez que ese derecho se limita, no se fortalece la verdad, sino la desconfianza. Porque cuando el Estado habla mucho, pero explica poco, el silencio termina diciendo más que cualquier tuit.
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