La creación de la llamada Oficina de Respuesta Oficial por parte del gobierno de Javier Milei no es un gesto inocente ni una innovación libertaria. Por el contrario, se inscribe en una larga tradición de intentos del poder político por controlar, condicionar o desacreditar al periodismo crítico. El hecho de que su conducción haya recaído en Juan Pablo Carreira, un activista digital conocido por el agravio sistemático y la descalificación personal, confirma que el objetivo no es mejorar la calidad del debate público, sino señalar enemigos y fijar una verdad oficial.
Milei no ha ocultado nunca su desprecio por el periodismo. Lo ha dicho en discursos, en entrevistas controladas hasta el último detalle y, sobre todo, en redes sociales, donde promueve una lógica binaria: amigos o enemigos, leales o traidores. En ese esquema, el periodismo aparece como una amenaza porque hace lo que todo poder incómodo detesta: pregunta, investiga, exige explicaciones y expone contradicciones. No es casual que el presidente no dé conferencias de prensa, que haya discontinuado las del vocero y que seleccione cuidadosamente a los periodistas “amables” que pueden entrevistarlo.
La estrategia no es original. Se trata de una importación directa del manual de la nueva derecha global, con Donald Trump como referencia central. Troll centers, saturación informativa, ataques coordinados y la ilusión de horizontalidad en redes sociales forman parte de lo que el politólogo Giuliano Da Empoli definió como los ingenieros del caos. Quien controla el algoritmo, controla el mensaje. Y quien controla el mensaje, intenta controlar la realidad.
La comparación con 1984 de George Orwell no es exagerada. El Ministerio de la Verdad no buscaba preservar hechos, sino producirlos según las necesidades del poder. Hoy no se queman libros ni se reescriben enciclopedias, pero se señalan periodistas, se marcan notas, se desacreditan datos incómodos y se etiqueta toda crítica como “operación” o “mentira”. La verdad deja de ser una construcción colectiva basada en hechos verificables y pasa a ser un decreto emitido desde una cuenta oficial en X.
La paradoja es evidente: un gobierno que se autodefine como defensor de la libertad utiliza recursos estatales para estigmatizar voces críticas y promover un relato único. Más grave aún, lo hace mientras guarda silencio ante preguntas relevantes —escándalos, contratos, manejo de recursos públicos— escudándose en la etiqueta de “tema confidencial”. No se trata de combatir la desinformación, sino de evitar rendir cuentas.
La experiencia reciente de la Argentina debería funcionar como advertencia. La presunta manipulación del INDEC durante el kirchnerismo dejó una herida profunda en la credibilidad institucional que aún persiste. La deslegitimación sistemática del periodismo tampoco fortalece al poder: erosiona la confianza social y empobrece el debate público. Ninguna democracia se consolida persiguiendo al mensajero.
Como advirtieron organizaciones periodísticas y referentes políticos, el Estado puede —y debe— comunicar su gestión, pero no erigirse en árbitro de la verdad. El mejor antídoto contra la desinformación no es la verdad oficial, sino un ecosistema plural de medios libres, profesionales e independientes, donde la ciudadanía sea el juez final.
La verdad no se impone por decreto, ni por estadísticas intervenidas, ni por troll centers financiados con fondos públicos. Se construye con información contrastada, debate abierto y respeto por la crítica. Cuando un gobierno opta por controlar el discurso en lugar de discutirlo, no fortalece la democracia: la degrada.
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