La Rioja, 18 de febrero de 2026. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, publicó en sus redes sociales un pronunciamiento conjunto junto a los mandatarios de las provincias de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero y La Pampa, en el que manifestaron su “pleno rechazo” al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional.
Bajo el título “Trabajo, federalismo y desarrollo: el camino hacia una verdadera modernización”, los gobernadores llamaron a las distintas fuerzas políticas a votar en contra de la iniciativa, al considerar que la propuesta oficial no implica una modernización real del sistema laboral, sino un retroceso en materia de derechos.
En el comunicado, los mandatarios reconocen la necesidad de actualizar la legislación laboral frente a los cambios tecnológicos, productivos y sociales. Sin embargo, advierten que ninguna reforma debe orientarse al “desmantelamiento de derechos conquistados” ni a la reducción de protecciones, sino a la ampliación de garantías en un mercado laboral que califican como cada vez más inestable.
Según el documento difundido, la propuesta del Ejecutivo nacional —presentada como una modernización— debilita derechos individuales y colectivos en un contexto de incertidumbre económica. Los gobernadores sostienen que la actual política económica ha provocado caída de la actividad, retracción del consumo, cierre de empresas y aumento del desempleo y la precarización laboral.
Asimismo, señalan que experiencias previas de flexibilización laboral no generaron mayor empleo ni promovieron la formalización, y advierten que el nuevo proyecto podría facilitar despidos, reducir estándares de protección y trasladar mayores riesgos a los trabajadores. También expresaron preocupación por la posible habilitación de mecanismos que permitan reducciones salariales o limitaciones de derechos en situaciones de enfermedad.
Críticas al impacto federal
Otro de los ejes del pronunciamiento es el carácter “antifederal” que, según los mandatarios, tendría la reforma. Aseguran que sus efectos impactarían de manera directa en las economías regionales sin contemplar las particularidades productivas de cada provincia ni promover instancias de diálogo con los gobiernos subnacionales.
En ese sentido, sostienen que la informalidad laboral —uno de los principales problemas estructurales del país— no se resuelve recortando derechos, sino mediante políticas activas de desarrollo productivo, incentivos a la formalización, promoción del mercado interno y generación de empleo de calidad.
El documento concluye con un llamado a defender el sistema de derechos sociales y laborales construido durante décadas y a debatir una modernización que amplíe derechos y fortalezca el trabajo formal, en el marco del diálogo democrático y el respeto institucional.
El pronunciamiento se suma al debate nacional en torno a la reforma laboral, uno de los puntos centrales de la agenda política y económica del país.
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