El Juzgado Nacional en lo Civil N.º 50 condenó al escritor Federico Andahazi y a Radio Mitre por las expresiones difundidas al aire contra el humorista Dady Brieva, a quien se vinculó públicamente con la pedofilia durante una intervención radial ocurrida en 2018. El episodio había generado una fuerte polémica en aquel momento.
Según el fallo, las expresiones fueron consideradas “injuriantes, difamatorias” y constituyeron una “vejación gratuita e injustificada” que afectó el honor y la reputación de Brieva.
La resolución estableció una indemnización de $18 millones, más intereses y costas, pero además dispuso medidas de reparación que exceden el aspecto económico.
Radio Mitre deberá leer el fallo al aire
Uno de los puntos centrales de la sentencia es que Radio Mitre deberá leer al aire una parte de la resolución judicial que condenó a la emisora y a Andahazi.
Además, la radio deberá mantener publicada la sentencia durante tres días en su sitio web, como parte de las medidas ordenadas por el tribunal.
El caso vuelve a poner sobre la mesa los límites entre la libertad de expresión y el derecho al honor. La Justicia sostuvo que la libertad de expresión constituye un derecho fundamental, pero que no habilita la difusión de expresiones que lesionen ilegítimamente la honra y reputación de una persona.
Las acusaciones contra Brieva habían surgido durante el enfrentamiento público que mantenían el humorista y Andahazi. En diciembre de 2018, el escritor realizó fuertes declaraciones contra el integrante de Midachi durante su participación en el programa Le doy mi palabra, que se emitía por Radio Mitre.
La sentencia adquiere además relevancia por involucrar a Radio Mitre, una de las principales emisoras del Grupo Clarín, y porque las medidas de reparación ordenadas por el tribunal obligan a la empresa a hacer pública la decisión judicial tanto en su programación como en su plataforma digital.
Más allá de las posiciones políticas o ideológicas de los protagonistas, el fallo establece un principio jurídico concreto: la crítica y la opinión están protegidas, pero esa protección encuentra límites cuando se transforman en imputaciones injuriantes o difamatorias que afectan el honor de una persona.
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