En los pasillos del Congreso Nacional, las discusiones parlamentarias suelen funcionar como un termómetro imperturbable de la realidad socioeconómica del país. La reciente intervención en las comisiones legislativas puso al descubierto una de las contradicciones más profundas y alarmantes de la coyuntura actual: la acelerada degradación del mercado laboral argentino y la desconexión del Ejecutivo ante un entramado productivo en declive.
Durante décadas, la promesa de la formalidad laboral representó para la sociedad argentina un pilar indispensable de movilidad social, estabilidad económica y contención ante las contingencias de la vida. Sin embargo, en el último tiempo se observa un intento sistemático por romantizar la precarización laboral bajo el paraguas conceptual de la «autonomía» y la «flexibilidad». Presentar al monotributo como la herramienta central de la política de empleo del país no solo vulnera conquistas históricas —como las vacaciones pagas, el aguinaldo o la protección frente al despido—, sino que consagra una ciudadanía laboral de segunda categoría. El monotributo, concebido originalmente en los años noventa como un régimen de transición fiscal, pretende erigirse hoy en la respuesta definitiva ante la incapacidad de generar trabajo genuino en relación de dependencia.
Los datos concretos contradicen cualquier relato oficial sobre la supuesta efectividad de las reformas laborales e incentivos al sector privado. El cierre o desarme operativo de firmas de arraigo histórico en polos industriales como la provincia de Santa Fe o en regiones del Interior profundo como La Rioja evidencia el colapso del entramado productivo. Las estadísticas provinciales revelan la gravedad del fenómeno: en La Rioja se han perdido cerca de 3.800 puestos de trabajo formales en el sector privado, encabezando la destrucción de empleo industrial en todo el país con un desplome del 15% en el sector fabril —especialmente golpeado en los rubros textil y de calzado de su Parque Industrial—. Cuando ciudades emblemáticas como Rosario alcanzan cifras de desocupación del 10,5%, y provincias enteras ven reducirse su padrón formal a niveles mínimos de sustentabilidad, resulta innegable que estamos frente a un escenario que preanuncia graves tensiones sociales.
A esta sangría de empleo registrado se le suma el desplome sistemático del poder adquisitivo. Mientras que la inflación acumulada erosiona con fuerza el bolsillo de las familias, el Salario Mínimo, Vital y Móvil experimenta un rezago histórico que consolida la figura de los trabajadores pobres: aquellos que, aun estando insertos en el sistema productivo, no logran cubrir la canasta básica. Aumentar por decreto ingresos que pierden decenas de puntos frente al costo de vida no es una política de recomposición, sino la convalidación de un ajuste estructural sobre las espaldas del asalariado.
Persistir en un rumbo que destruye empleo formal, debilita el tejido industrial e incrementa la informalidad es avanzar con rumbo fijo hacia una crisis de mayor magnitud. Pretender que la precariedad es una elección consciente de los trabajadores y que los indicadores negativos de ocupación son meros costos de transición resulta un ejercicio insostenible de ceguera institucional. La Argentina no necesita la romantización de la fragilidad laboral, sino una política productiva orientada al desarrollo, la inversión genuina y el restablecimiento de empleos con derechos.
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