Hoy, jueves 15 de octubre, el país vuelve a las calles en defensa de la universidad pública. Es la quinta Marcha Federal Universitaria y La Rioja, como en las anteriores, no mira desde la vereda: se moviliza en la Capital y en todas sus sedes —Chilecito, Aimogasta, Chamical, Chepes—, porque en esta provincia la universidad no es un edificio lejano, es una puerta que se abre cerca de casa.
A la universidad pública van libertarios y kirchneristas, gente de izquierda y de derecha, y también quienes no quieren saber nada con la política. Es de los pocos lugares que todavía reúne a la Argentina entera. Y detrás de cada título hay una historia que se repite: familias que llegaron a este país con casi nada y cuyos hijos pudieron estudiar gracias a la gratuidad. En La Rioja esa historia tiene rostros concretos: el primer profesional de la familia, el joven del interior que se forma sin tener que irse ni endeudarse. Una provincia que hizo del boleto estudiantil gratuito una ley sabe que estudiar es un derecho y no un privilegio.
Por eso cuesta entender que el Gobierno nacional mire a la universidad solo como un gasto. No lo es. Es la razón por la que los argentinos que viajan al exterior resultan tan competitivos: detrás hay una cultura que puso a la universidad pública en el centro y formó gente, generación tras generación.
Pero hay un segundo elemento, que no depende solo de la convicción sino de las reglas. El Congreso sancionó una ley de financiamiento universitario; el Gobierno la vetó; el Congreso rechazó el veto; y aun así el Ejecutivo resiste su cumplimiento, incluso frente a fallos judiciales. En las últimas horas, el juez federal Martín Cormick, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11, dispuso que el jefe de Gabinete pague 100.000 pesos diarios de su bolsillo mientras la ley siga incumplida. La cifra puede ser modesta, pero la señal no: la Justicia empieza a poner límites. En democracia, una ley aprobada se cumple.
Y hay algo más amplio en juego. Esta tarde, a las 14, Diputados sesionó con tres temas: la derogación del DNU 70/2023, la prórroga de la emergencia en discapacidad y una solución para las familias endeudadas. Un gobierno no puede llevarse puestas ochenta leyes con un decreto ni gobernar por encima del Parlamento: si quiere cambiarlas, debe enviar un proyecto y conseguir mayorías. Así funciona la división de poderes.
Puede que hoy se gane o se pierda. El quórum depende de votos que se negocian hasta último momento. Pero la experiencia reciente enseña algo: el Gobierno retrocedió, aunque fuera parcialmente, en discapacidad y en otros frentes cuando la sociedad civil le puso límites. Ninguna de esas marchas atrás fue un regalo.
Por eso La Rioja sale hoy a la calle, en la Capital y en cada sede del interior. No por una consigna partidaria, sino por una convicción compartida: que la educación pública, el cumplimiento de la ley y la democracia valen la pena. Hay días en que hay que dar la pelea. Hoy es uno de ellos.
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