El inicio de 2026 marca un punto de inflexión doloroso para la economía doméstica argentina. Bajo la premisa de «sincerar» los precios de la energía, el Gobierno Nacional ha puesto en marcha un esquema que desmantela los subsidios masivos a la luz, el gas y el agua. Lo que en los papeles se presenta como eficiencia fiscal, en la realidad de los hogares se traduce en una erosión brutal del poder adquisitivo.
La eliminación de los beneficios para vastos sectores de la población —como detallan las recientes crónicas sobre el nuevo sistema de subsidios— golpea con especial saña al interior del país. En La Rioja, donde el consumo eléctrico no es un lujo sino una necesidad vital frente al rigor climático, el impacto es doble. Mientras los salarios riojanos luchan por no quedar rezagados, las boletas de servicios básicos se convierten en una carga impagable. La provincia, con una estructura económica vulnerable, ve cómo su clase media y sus sectores más necesitados caen en la precariedad energética, obligados a elegir entre alimentarse o mantener la luz encendida.
Sin embargo, el aspecto más alarmante de este modelo es la asimetría en el sacrificio. Mientras se exige a la ciudadanía un esfuerzo titánico para pagar tarifas a «precios de mercado», el Estado consolida una agenda de beneficios fiscales para los estratos más acaudalados. La reducción de impuestos a los sectores de mayor patrimonio y los incentivos para los grandes capitales contrastan obscenamente con el recorte de la ayuda estatal a los trabajadores.
El proyecto de Milei genera de esta forma un giro profundo en la política de subsidios a los servicios públicos, particularmente a la energía eléctrica y al gas natural. La decisión de reestructurar el sistema de subsidios, reduciendo su alcance y focalizándolo en los sectores más vulnerables, marca un punto de inflexión en la economía doméstica de millones de hogares y plantea un nuevo escenario para provincias como La Rioja.
Hasta diciembre de 2025 existía un esquema de segmentación tarifaria con diferentes niveles de subsidios según los ingresos del hogar. A partir del 1º de enero de 2026, ese modelo fue reemplazado por un nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) que simplifica las categorías en solo dos grupos: hogares con subsidios y hogares sin subsidios. Esto elimina la segmentación tradicional en tres niveles y ajusta los volúmenes de consumo bonificado, afectando la composición final de las facturas de luz y gas.
El objetivo oficial es reducir el gasto fiscal en subsidios energéticos —del 0,65% del PBI en 2025 a alrededor del 0,5% en 2026— y llevar las tarifas hacia niveles más cercanos a los costos reales del servicio. El Gobierno estima que, aunque los subsidios continúan para sectores vulnerables, alrededor de 7,5 millones de hogares dejarán de recibirlos, lo que representa cerca del 45% de los usuarios residenciales. En la práctica, esto implica que una parte significativa de la población pasará a pagar el precio pleno del servicio o con una bonificación sensiblemente menor que antes.
Estas políticas se traducen en aumentos tarifarios concretos: la electricidad y el gas —servicios esenciales que hasta ahora estaban fuertemente subsidiados— verán una reducción en los bloques de consumo subvencionado y una mayor exposición al valor de mercado de la energía. De acuerdo con el Gobierno y consultoras especializadas, incluso los hogares que mantengan subsidios enfrentarán incrementos del orden del 20% en electricidad y alrededor del 23% en el gas, dependiendo del consumo y del mes del año.
Este proceso está vinculando el ajuste energético a una estrategia económica más amplia, que apunta a controlar el déficit fiscal, estabilizar el sector energético y atraer inversiones. Según el Gobierno, reflejar el costo real de la energía en las boletas es una condición necesaria para sostener el servicio —evitar cortes, garantizar inversiones y reducir la dependencia de aportes del Tesoro— a mediano plazo.
La Rioja, provincia del interior con una economía regional y patrones de consumo energético diferentes a los del AMBA, siente con particular intensidad estas reformas. Por un lado, la reducción de subsidios aumenta la carga sobre los hogares riojanos, muchos de los cuales ya enfrentan un alto peso de los servicios públicos en sus presupuestos familiares. El impacto de la quita de subsidios en provincias con economías más frágiles puede traducirse en presión sobre el ingreso disponible, sobre todo en estaciones de frío intenso donde el consumo de gas y electricidad tiende a elevarse.
Además, al ajustarse las tarifas hacia el costo real, sector productivo y comercios locales enfrentan mayores costos operativos, lo que puede repercutir en precios finales y en la competitividad de pequeñas y medianas empresas locales.
En términos sociales, la medida podría profundizar las brechas entre hogares que logran mantener ciertos consumos sin subsidios y hogares de ingresos bajos que, aunque conservan los beneficios, ven sus facturas aumentar de forma significativa respecto a períodos anteriores.
Desde una perspectiva estructural, la provincia también enfrenta el desafío de mejorar la eficiencia energética y promover el uso racional de la energía para amortiguar los mayores costos, al mismo tiempo que busca mecanismos de asistencia locales o programas provinciales que acompañen a los usuarios más afectados.
La reforma de subsidios a la energía en Argentina representa una política ambiciosa y polémica que afecta de lleno el bolsillo de millones de usuarios. En provincias como La Rioja, donde los ingresos familiares y la dinámica económica no siempre permiten absorber grandes incrementos, el ajuste tarifario se siente como un golpe directo al presupuesto doméstico y a la competitividad regional.
La transición hacia tarifas reflejando costos reales puede ser necesaria para la sostenibilidad del sistema energético, pero requiere equilibrios sociales y políticas complementarias que protejan a los sectores más vulnerables y no profundicen desigualdades regionales.
En definitiva, el éxito de esta reforma dependerá no solo de la eficiencia de su implementación, sino de la capacidad del Estado —nacional y provincial— para acompañar a los ciudadanos en un proceso sensible y de alto impacto social.
Estamos ante una redistribución de la riqueza a la inversa: se desprotege al consumidor y se asfixia al trabajador riojano para equilibrar las cuentas, mientras se aliviana la carga de quienes más tienen. El 2026 comienza con una advertencia clara: la libertad de precios, sin una recomposición real del salario, no es más que la libertad de empobrecerse en la oscuridad.
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