Hay historias que deberían obligarnos a detenernos. A bajar el volumen de las discusiones políticas, de las consignas, de los algoritmos y de las peleas en redes sociales. Historias que nos recuerdan que detrás de una hipoteca, de una deuda o de un expediente judicial hay una persona, una familia.
En España, el caso de Maricarmen se convirtió en un símbolo de una crisis que atraviesa a miles de familias. Una mujer de 87 años, que había vivido durante aproximadamente siete décadas en su casa, terminó enfrentando un desalojo. Y lo más doloroso de aquella historia es que ella solamente pedía una cosa: poder morir en su propia casa.
Pero el caso de Maricarmen no es una excepción. Es la expresión más dramática de un problema mucho más profundo: ¿qué ocurre cuando la vivienda deja de ser considerada un derecho y pasa a ser, fundamentalmente, una mercancía?
En España, el precio de las viviendas se duplicó en una década y la edad de emancipación de los jóvenes ronda los 30 años. Hay personas que sobreviven compartiendo departamentos con tres o cuatro personas, jóvenes que no pueden independizarse y familias que destinan una parte cada vez mayor de sus ingresos a pagar un alquiler.
Y mientras tanto aparecen los grandes tenedores, los fondos de inversión y los llamados fondos buitre, capaces de acumular enormes cantidades de propiedades y operar sobre mercados enteros. La vivienda deja entonces de ser solamente el lugar donde una familia duerme, crece y construye su historia. Se transforma en un activo financiero.
Y acá tenemos que mirar hacia la Argentina.
Porque no estamos hablando de un problema exclusivamente español. También nosotros conocemos las dificultades para acceder a una vivienda. Conocemos familias que alquilan durante décadas sin llegar nunca a ser propietarias. Conocemos jóvenes que postergan proyectos familiares porque no pueden afrontar un alquiler. Y sabemos lo que significa que el acceso al crédito hipotecario quede reservado para quienes tienen ingresos suficientes y estabilidad económica.
Entonces aparece una pregunta política fundamental: ¿qué hace el Estado frente a esta realidad?
Porque hay dos caminos posibles.
Uno es dejar que el mercado decida quién puede vivir dónde. Que la vivienda sea un negocio más y que, finalmente, quien tenga mayor capacidad económica acumule propiedades mientras quienes tienen menos recursos quedan expulsados hacia la periferia, hacia el alquiler permanente o directamente hacia situaciones de vulnerabilidad.
El otro camino es entender que construir viviendas también es construir ciudadanía.
Y allí aparece una experiencia concreta de nuestra propia provincia.
En La Rioja, el gobierno de Ricardo Quintela ha colocado la política habitacional dentro de una concepción de Estado presente, con programas destinados a generar soluciones concretas para familias que de otra manera tendrían enormes dificultades para acceder a una vivienda propia.
El Plan Angelelli representa precisamente esa idea: que una vivienda no es solamente ladrillo, cemento y techo. Es seguridad, es arraigo, es dignidad, es la posibilidad de que una familia pueda proyectar su futuro.
Más de 1.200 viviendas entregadas en el marco de este plan significan más de 1.200 familias que encontraron una respuesta concreta frente a una de las mayores dificultades sociales de nuestro tiempo.
Y esta es la discusión que deberíamos tener.
No se trata simplemente de preguntarnos cuánto vale una casa.
La pregunta verdaderamente importante es cuánto vale una familia que necesita una casa.
Porque si dejamos que la vivienda sea solamente un instrumento de acumulación de riqueza, puede ocurrir lo que estamos viendo en otros lugares: bancos, grandes inversores y fondos financieros cada vez más ricos, acumulando propiedades, mientras del otro lado quedan personas sin casa o familias condenadas a vivir permanentemente bajo la incertidumbre del alquiler.
Maricarmen nos deja una imagen imposible de ignorar: una mujer de 87 años frente a una puerta que alguna vez fue su hogar.
Que esa imagen nos sirva de advertencia.
Porque una sociedad verdaderamente justa no debería preguntarse solamente quién puede comprar una vivienda.
Debería garantizar que nadie tenga que preguntarse dónde va a vivir mañana.
Y ahí está, quizás, la diferencia fundamental entre considerar a la vivienda un negocio o entenderla como un derecho.
Porque detrás de cada vivienda hay una historia.
Y detrás de cada familia que recibe una llave hay algo mucho más importante que una propiedad: hay un futuro que vuelve a ser posible.
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