El inicio del 110° período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de la Capital riojana dejó un mensaje político claro: en un contexto adverso, la gestión municipal apuesta a la presencia del Estado como garantía de derechos. El discurso del intendente Armando Molina no fue meramente protocolar; estuvo atravesado por una narrativa de resistencia institucional, administración austera y reivindicación del rol público frente a lo que definió como un escenario de recortes y ausencia de diálogo por parte del Gobierno Nacional.
Desde el inicio, el jefe comunal encuadró su exposición en términos republicanos: rendición de cuentas ante el cuerpo deliberativo y ante la ciudadanía. No es un detalle menor. En tiempos donde la desconfianza hacia la política se profundiza, el gesto de presentar ejecución presupuestaria y estados contables busca consolidar legitimidad a través de la transparencia formal.
Sin embargo, el eje estructural del mensaje fue otro: la defensa del federalismo y la advertencia sobre el impacto concreto de la restricción de recursos. Molina sostuvo que la Provincia y los 18 municipios debieron reconfigurar su funcionamiento ante la merma de fondos nacionales. Esta afirmación no es solo administrativa; es política. Implica posicionar al municipio como actor activo frente a un escenario macroeconómico que condiciona su margen de acción.
En ese marco, dos decisiones sintetizan su estrategia. La primera, el reconocimiento institucional a los trabajadores de limpieza urbana —a quienes denominó “limpiadores” y no “basureros”— incorporando su remuneración a una partida jerarquizada. Aquí hay un mensaje simbólico potente: dignificar la tarea esencial en la estructura de servicios urbanos. En términos de gestión pública, supone ordenar escalas salariales y otorgar estabilidad a funciones críticas para la salubridad.
La segunda decisión estratégica fue profundizar la obra pública por administración, utilizando mayoritariamente mano de obra municipal. Este modelo, históricamente debatido en la administración local, apunta a reducir costos, evitar sobreprecios y fortalecer capacidades internas. Según lo expuesto, permitió avanzar en 120 kilómetros de avenidas seguras, la colocación de 12.300 luminarias y un plan de semaforización que superará los 70 equipos. Son números que buscan demostrar volumen de gestión en un año complejo.
Molina también apeló a una pedagogía de datos al referirse a la generación de residuos: 250 toneladas diarias para una ciudad de 250 mil habitantes. La imagen de una cancha de fútbol cubierta de basura no es casual; es una estrategia discursiva que transforma estadísticas en percepción tangible. El intendente intenta instalar que la gestión urbana no es abstracta, sino cotidiana y mensurable.
Hay, además, un componente ideológico explícito: “entre el abandono del Estado o su abuso, elegimos la medianía”. La frase sintetiza una postura doctrinaria que rechaza tanto el retraimiento estatal como el intervencionismo desmedido. En el actual debate nacional sobre el tamaño y rol del Estado, esta definición busca marcar identidad propia.
El desafío, hacia adelante, será sostener ese equilibrio en un 2026 que el propio intendente anticipa igualmente restrictivo. Gobernar con menos recursos exige eficiencia técnica, pero también capital político para construir consensos en un Concejo plural.
El discurso dejó en claro que la administración municipal pretende mostrarse activa, ordenada y cercana a los servicios básicos. La pregunta que quedará abierta no es si hubo obras o reestructuración —los datos fueron expuestos— sino si esa estrategia alcanzará para amortiguar las tensiones sociales de un contexto económico incierto.
En definitiva, el mensaje fue inequívoco: frente a la escasez, gestión; frente al conflicto, institucionalidad; y frente a la crítica, números. El tiempo dirá si esa fórmula resulta suficiente.
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