Hay una idea que nos contaron durante años: que el trabajo es el camino. Que quien trabaja, sale adelante. Hoy los números de La Rioja nos obligan a corregirla: trabajar ya no alcanza. Hay que trabajar con derechos.
Un informe de la Universidad Nacional de Rosario midió algo que antes no se medía: la formalidad de todos los trabajadores, no solo de los asalariados. El resultado para la capital riojana es contundente. Más de cuatro de cada diez ocupados, el 43,9%, trabaja sin registro.
Cuatro de cada diez. Sin aportes, sin obra social, sin aguinaldo, sin red.
Y el problema no está de un solo lado del mostrador. Entre los asalariados, casi cuatro de cada diez no tienen descuento jubilatorio. Entre quienes trabajan por cuenta propia, la informalidad llega al 69,5%. Casi siete de cada diez.
Pero hay un dato que debería incomodarnos más. El informe habla de una «zona gris»: trabajadores que están en situación discordante, por ejemplo, empleados no registrados en establecimientos que sí son formales. En La Rioja alcanza al 18,4% de los ocupados, la cifra más alta del informe, empatada con San Luis. Ahí el problema ya no está en la calle. Está puertas adentro.
¿Y cuánto cuesta esto? Se mide en pobreza. Entre los ocupados informales de la capital, el 42% vive en un hogar pobre. Entre los formales, el 12%. Tener un empleo registrado es, en buena medida, la frontera que separa a una familia de la pobreza. Y el INDEC acaba de confirmar que la pobreza en el aglomerado La Rioja llegó al 38,4% en el primer semestre.
Seamos justos con la historia. La informalidad no empezó ayer. Entre 2003 y 2012 el empleo asalariado no registrado bajó en el país de casi el 49% al 34%. Fue la mayor mejora en décadas. Después se estancó. El piso se rompió mucho antes de este gobierno, pero hoy no deja de crecer: la informalidad nacional llegó al 45% en el segundo trimestre de este año.
En La Rioja, además, hay una trampa estructural. Tenemos 111 empleados públicos cada mil habitantes, más del doble del promedio nacional. El Estado es el gran empleador formal. Y en 2024 la provincia perdió 2.600 empleos privados registrados: la mayor caída porcentual del país. Cuando se achica el empleo formal privado y el Estado ya no da abasto, lo que queda es la changa.
Una aclaración de rigor: son datos de la ciudad capital y de una muestra chica, con margen de error. Pero la dirección es clara, y no depende de un decimal.
Entonces, la pregunta ya no es solo cuántos trabajan. Es cómo trabajan. Porque un país no se mide por la cantidad de gente ocupada, sino por la cantidad de gente protegida.
Ocupados hay. Lo que falta son empleos que alcancen para vivir con dignidad.
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