Hay anuncios que se presentan como soluciones, pero cuando uno mira detrás del discurso descubre otra cosa. Y el anuncio de Luis Caputo sobre los créditos hipotecarios merece, por lo menos, una pregunta incómoda: ¿para quién está pensado realmente este modelo económico?
El Gobierno habla de acceso a la vivienda y de justicia social. Pero el mecanismo anunciado parte de extender los plazos de colocaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad —el dinero destinado a respaldar el sistema previsional— en los bancos, por períodos de entre uno y cinco años, con el objetivo de que esas entidades amplíen el crédito hipotecario. Según el material analizado, el beneficio directo alcanzaría aproximadamente a 18.000 personas.
Y ahí aparece la primera contradicción.
¿Cómo se puede hablar de justicia social mientras millones de argentinos están endeudados, con salarios que no alcanzan y jubilaciones que tampoco alcanzan, pero el Estado encuentra recursos para fortalecer el negocio financiero?
El problema no es que existan créditos hipotecarios. El problema es quién puede acceder a ellos. Porque si para calificar hay que demostrar ingresos de varios millones de pesos entre dos personas, estamos hablando de una herramienta que queda fuera del alcance de buena parte de los trabajadores. Y si una familia necesita endeudarse para comer, pagar la luz, el gas o llegar a fin de mes, ofrecerle otro crédito no necesariamente es una solución: puede ser simplemente otra vuelta de la misma soga.
El material señala además un dato brutal: la morosidad de las familias habría alcanzado el 15,5% en junio de 2026, mientras que se contabilizan millones de deudores y una creciente dificultad para afrontar compromisos financieros.
Entonces, ¿qué hace el Gobierno?
En lugar de atacar el problema desde los salarios, el empleo y el poder adquisitivo, apuesta nuevamente al crédito.
Y acá está el punto central: una sociedad no puede construir bienestar sobre una montaña de deuda.
Caputo también anunció créditos en dólares para empresas. El propio análisis incluido en el material advierte sobre el riesgo: si una empresa toma dólares y después no puede devolverlos, el problema termina afectando al sistema financiero y, en última instancia, a los depositantes.
Argentina ya conoce esa película.
También conoce la historia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Durante el período 2015-2019, el fondo sufrió una fuerte pérdida medida en dólares.
Por eso hay que mirar más allá del anuncio.
Porque mientras el Gobierno habla de libertad económica, el Estado interviene para poner recursos estratégicos a disposición del sistema financiero. Mientras habla de esfuerzo individual, millones de familias hacen malabares para pagar sus cuentas. Y mientras se invoca la justicia social, la distribución del ingreso se desplaza cada vez más hacia los sectores concentrados.
La pregunta ya no es solamente cuánto crece la economía.
La pregunta es quién se queda con lo que produce la Argentina.
Porque si los trabajadores pierden poder adquisitivo, si los jubilados pierden capacidad de consumo, si las familias se endeudan para sobrevivir y si los bancos son los grandes intermediarios de los recursos, entonces no estamos frente a una recuperación social.
Estamos frente a una transferencia.
Y cuando el dinero de los jubilados sirve para financiar negocios financieros, mientras esos mismos jubilados siguen esperando una mejora en sus ingresos, hay algo que está profundamente mal.
Porque una vivienda digna debería ser un derecho alcanzable mediante trabajo y salario.
No una promesa condicionada a cuánto puede endeudarse una familia.
Y una economía verdaderamente justa no debería preguntarle primero al ciudadano cuánto puede pagar.
Debería preguntarse, antes que nada, por qué el ciudadano ya no puede vivir con lo que gana.
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