El juez Ariel Lijo consideró a los exfuncionarios y operadores como jefes de una asociación ilícita que direccionó contrataciones y generó sobreprecios por más de $ 7800 millones en medicamentos e insumos para la discapacidad.
La investigación judicial por el esquema de coimas y contrataciones direccionadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó un nuevo y contundente capítulo. El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, Ariel Lijo, dispuso la ampliación del procesamiento de Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini y Miguel Ángel Calvete, atribuyéndoles el rol estratégico de “jefes de una asociación ilícita” enquistada en la administración pública.
La medida judicial, que alcanza también a los excolaboradores Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich en calidad de presuntos miembros de la banda, vuelve a poner en el foco el entramado de corrupción en un área sensible del Estado. Todos ellos ya habían sido procesados en febrero pasado, pero la instrucción profundizó el análisis sobre una serie de maniobras sospechosas centradas en el rubro de insumos médicos y prestaciones farmacológicas.
De acuerdo con lo determinado por el magistrado, la estructura delictiva actuó de forma coordinada para direccionar licitaciones públicas y generar sobrefacturaciones siderales. Los peritajes incorporados al expediente permitieron detectar brechas y sobreprecios por un monto superior a los $ 7833 millones en la adquisición de medicamentos y material ortopédico, configurando un perjuicio directo a las arcas del Estado Nacional.
El fallo judicial señala que la organización operaba en dos frentes articulados: mientras Spagnuolo y Garbellini ejecutaban las maniobras desde el interior del organismo, los operadores Calvete y Atchabahian articulaban el nexo externo con un entramado de empresarios y laboratorios privados. Las tácticas abarcaban desde el manejo de información privilegiada y la simulación de compulsa de precios hasta el pago preferencial a proveedores favorecidos, mecanismos que garantizaban el retorno de retornos a la cúpula de la red.
Sobre los principales imputados pesan acusaciones por asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta agravada. Asimismo, la resolución de Lijo alcanzó a otras 19 personas —procesadas sin prisión preventiva—, entre las que figuran directivos y empresarios del sector de insumos médicos y laboratorios, confirmando que la dinámica ilícita no constituyó un hecho aislado, sino un sistema sostenido de desvío de fondos públicos.
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