El gobernador de La Rioja participó de una entrevista en el canal porteño donde repasó la construcción de unidad dentro del peronismo, destacó la entrega de la vivienda número mil del programa «Angelelli» y volvió a cuestionar con dureza la gestión económica del presidente Javier Milei.
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, fue entrevistado en Canal 22 de Buenos Aires, donde abordó una amplia agenda de temas que incluyó la construcción de la unidad peronista, la política de vivienda de su provincia, el rol del Estado en la provisión de servicios esenciales, la situación económica nacional y su mirada sobre el debate legislativo en el Senado.
La unidad del peronismo, en el centro de la agenda
Consultado sobre su rol en el acercamiento entre distintos referentes del espacio, Quintela explicó que se trató de una tarea «linda» y sin grandes esfuerzos, que consistió en dialogar con compañeros y compañeras de todo el país aprovechando el aniversario del asesinato de monseñor Enrique Angelelli para adelantar visitas a La Rioja y generar espacios de encuentro.
El gobernador remarcó que el objetivo no fue imponer «un pensamiento único», sino ampliar el paraguas del peronismo para debatir coincidencias más que diferencias. Describió los encuentros como «respetuosos, afectivos», con compañeros que volvieron a verse las caras después de mucho tiempo, y expresó su expectativa de que el proceso tenga continuidad para consolidar un programa de gobierno que contemple a los sectores más vulnerables, en particular la infancia y los jubilados.
El Plan Angelelli llegó a las mil viviendas
Uno de los ejes centrales de la entrevista fue el Plan Angelelli, un programa de vivienda impulsado por la diputada nacional Gabriela Pedrali y diseñado entre 2021 y 2022, que recientemente alcanzó la entrega de su vivienda número 1.000.
Quintela detalló que el plan reemplaza ranchos precarios —construidos con nylon, cartones o chapas, sin baño y con letrina— por casas de tres dormitorios, pensadas para que los hijos varones y mujeres puedan tener habitaciones separadas. Según explicó, las viviendas se entregan en forma completamente gratuita, sin costo para las familias, con el único compromiso de que los chicos asistan a la escuela, mantengan al día sus vacunas y conserven la vivienda limpia y ordenada.
El programa también incluye el equipamiento básico del hogar: camas, colchones, mesa, sillas, cocina y heladera para familias que hasta entonces no contaban con ninguno de esos elementos. El gobernador remarcó que estas 1.007 viviendas se suman a las casi 6.000 construidas durante la gestión de Alberto Fernández, lo que eleva a alrededor de 7.000 las familias riojanas beneficiadas. Indicó además que quienes acceden a las viviendas por los planes regulares de la Administración Provincial de Vivienda pagan cuotas que no superan los 200.000 pesos mensuales, muy por debajo de los valores del mercado privado.
Agua, energía y conectividad como derechos esenciales
Quintela sostuvo que su gestión incorporó el acceso al agua, la energía y la conectividad como derechos básicos, al mismo nivel que la salud, la educación, la seguridad y la justicia. Como ejemplo, citó las localidades de Potrero Grande y Vallehermoso, dos parajes de la provincia —de apenas 20 y 6 familias respectivamente, ubicados en el límite con Chile— donde el Estado provincial llevó los tres servicios.
El gobernador remarcó que antes de esas obras, esas familias debían acostarse a las 6 o 7 de la tarde por falta de energía, y que hoy cuentan con televisor, heladera y acceso a internet, lo que les permite capacitarse y mantenerse informadas. «El Estado no está para ganar plata, sino para garantizar que la gente viva un poco mejor», sostuvo, en respuesta a las críticas de quienes cuestionan estas políticas por considerarlas «demagógicas».
Duras críticas a la situación económica y al presidente Milei
Consultado sobre el impacto de las políticas del gobierno nacional, Quintela fue categórico al señalar que «la gente está mal, muy mal» debido a la caída del poder adquisitivo, las dificultades para acceder a medicamentos y alimentos, y el aumento de los alquileres tras su desregulación. Habló de familias que deben sacar sus pertenencias a la calle por no poder afrontar los costos de vivienda.
El gobernador también cuestionó en duros términos al presidente Javier Milei, a quien acusó de tener «alteradas sus facultades mentales» y calificó su conducta como una fuente de vergüenza para el país, mencionando en particular el conflicto diplomático generado con Brasil. Consideró que buena parte de su entorno político «utiliza» esa conducta en su propio beneficio y que el mandatario no está en condiciones de conducir el país.
Sobre el reciente debate en el Senado —en referencia a la ley discutida esta semana, que generó fuerte rechazo social y en las encuestas—, Quintela destacó como un logro de la movilización popular la eliminación de los capítulos vinculados a la soberanía territorial, aunque lamentó que no se haya modificado la Ley de Manejo del Fuego. Adelantó que, en caso de que el peronismo vuelva al gobierno, esos puntos serán revisados.
Reindustrialización, PASO y alivio a jubilados
El gobernador planteó como objetivos de un eventual gobierno peronista la recuperación del incentivo docente, la gratuidad de medicamentos para adultos mayores y personas con enfermedades crónicas o terminales (mencionó específicamente cáncer, diabetes y VIH), y la reindustrialización del país en sectores como la fabricación de autos, colectivos, locomotoras y buques.
Consultado sobre la eventual eliminación de las PASO, Quintela defendió su continuidad al considerar que garantizan una selección de candidatos sin cuestionamientos sobre padrones o legitimidad, y permiten que distintas expresiones del peronismo compitan «dentro del mismo paraguas» sin agresiones internas.
Un programa para aliviar el endeudamiento de los empleados públicos
Finalmente, ante una consulta sobre el endeudamiento de las familias argentinas para comprar alimentos, Quintela adelantó que su provincia avanza en un esquema para asumir las deudas de los empleados públicos —municipales, provinciales, judiciales y del Ejecutivo— y renegociarlas directamente con los acreedores, otorgando a los trabajadores un crédito provincial con quita de deuda en reemplazo de sus obligaciones con comercios y financieras.
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