Hay derrotas que se sufren en las urnas, pero hay victorias que se consiguen en los escritorios, a espaldas del pueblo y pisoteando las reglas más elementales de la vida democrática. Lo que acabamos de presenciar con la Ley de Tierras es el manual exacto de cómo este gobierno de Javier Milei desprecia al Congreso, manipula los tiempos judiciales y pone en venta los recursos estratégicos de la patria.
Hagamos memoria. En diciembre de 2023, mediante el célebre y omnipotente DNU 70/23, el Ejecutivo quiso barrer de un plumazo la Ley de Tierras. Como si gobernar por decreto fuera lo mismo que administrar una estancia privada. Pero la justicia federal de La Plata le paró el carro: primero una cautelar, después la declaración de inconstitucionalidad. El mensaje fue claro y republicano: si quieren derogar una ley que protege el patrimonio nacional, tienen que ir al Congreso, debatir, convencer y votar.
¿Qué hizo el Gobierno? Fue al Parlamento con la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. E intentó meter el tema por la ventana. Pero se encontró con lo que este oficialismo detesta: la movilización popular. Hubo protestas en las calles, expresiones de artistas, deportistas, la bandera de Malvinas flameando y una presión social tan contundente que el oficialismo se quedó sin los votos y tuvo que retirar el capítulo con la cola entre las patas. No pudieron democráticamente. No consiguieron el aval de los representantes del pueblo.
¿Y cómo reacciona un gobierno que desprecia la soberanía? Busca atajos.
Ahora aparece la Corte Suprema —o lo que queda de ella, un tribunal de tres personas— para hacerle el trabajo sucio al poder de turno. Con una jugada digna de tahúres, revocan el fallo de La Plata no por el fondo de la cuestión, sino por una chicana procesal: argumentan que el Centro de Ex Combatientes no tenía legitimación para presentar el amparo. Tres años cajoneando el DNU, procrastinando deliberadamente para que baje la espuma, para que la sociedad se distraiga, para operar en las sombras.
El resultado está a la vista: un fallo a medida. Lograron por la puerta de atrás, gracias a una rosca judicial cómplice, lo que las urnas y el Congreso les negaron.
Aquí no se trata solo de un debate legal. Se trata de soberanía nacional. Derogar los límites a la venta de tierras a extranjeros significa entregar nuestra tierra fértil, nuestros acuíferos, nuestros recursos naturales al capital extranjero sin ningún tipo de control estratégico. Significa hipotecar el futuro de las próximas generaciones bajo la falsa promesa de una libertad de mercado que solo beneficia a los de afuera y empobrece a los de adentro.
Este gobierno llegó agitando banderas de libertad, pero demuestra todos los días que su verdadero objetivo es la entrega. Lo intentaron por decreto, fracasaron en el Congreso, y ahora consuman su objetivo de la peor manera: con un fallo a espaldas de la Constitución. La tierra no se vende, la soberanía no se negocia, y la historia, tarde o temprano, juzgará a quienes convirtieron a la Argentina en un saldo de liquidación.
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