La justicia federal prorrogó hasta mayo de 2026 el período para investigar la red que explotaba sexualmente a alumnas de colegios salteños.
El juez federal de Garantías 1 de Salta, Julio Bavio, extendió hasta el 29 de mayo de 2026 el plazo de investigación de la causa que se tramita por la red de trata de personas con fines de explotación sexual, que captaba alumnas de distintos colegios salteños, tanto privados como públicos, para prostituirlas, y que ya cuenta un número de 33 víctimas y un total de nueve imputados.
“Se acreditó la existencia de un número importante de víctimas niñas, las que quedaron presas de una red que, con distintos fines, le permitía a los imputados explotarlas sexualmente”, sostuvo el Ministerio Público Fiscal, durante la audiencia donde requirió que se extienda el plazo de investigación hasta el 29 de mayo de 2026.
La medida fue aceptada por el juez federal, en la audiencia, que se extendió por más de seis horas y de la que también participaron el Defensor Público de Víctimas, Nicolás Escandar, en representación de 16 menores; la abogada Sandra Domene, querellante particular por una víctima; los abogados Martín Arias Portella y Nelson Antonio Rivas, en representación de otra adolescente y la Asesora de Menores e Incapaces, Gala Emilse Poma.
La formalización de la investigación se realizó el 11 de septiembre pasado, tras la detención de cuatro personas, que fueron imputados como coautores del delito de trata de personas con fines de captación, promoción, facilitación y explotación sexual, agravada por la vulnerabilidad, minoridad y cantidad de víctimas; el número de intervinientes y por haberse consumado la explotación.
Tras esto, se sumaron otro cinco implicados, a quienes también se les imputó su participación en la red de trata sexual, mientras que, tras las detenciones, que se concretaron entre septiembre y noviembre, y ante el avance de la investigación, el número de víctimas pasó de 3 a 33 y no se descarta la posibilidad de que existan más adolescentes afectadas.
A seis de los implicados se le imputó además la tenencia y distribución de material de índole sexual.
La contención de las víctimas, fundamental para el avance de la investigación
En el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual, Bavio hizo lugar al pedido de ampliación de la imputación penal y a la extensión del plazo de investigación hasta el 29 de mayo de 2026.
Fuentes del Ministerio Público Fiscal Federal indicaron que, una vez iniciado el caso, la responsable del Área de Víctima de la Fiscalía de Distrito, la psicóloga Verónica Olguín Rufino, desarrolló una tarea de contención que permitió a las chicas revelar detalles de cómo funcionaba la red de trata y también detectar a otras adolescentes captadas.
Actualmente, se llevan a cabo distintos trámites mediante Cámara Gesell, considerada una medida clave para terminar de cerrar el círculo delictivo.
En el caso, colabora también la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), dirigida por la fiscal federal Alejandra Mángano y el fiscal general Marcelo Colombo.
La tarea investigativa, a cargo tanto de la Fiscalía de Distrito como del personal de Policía de Seguridad Aeroportuaria, se centra actualmente en los peritajes a teléfonos y otros dispositivos secuestrados a los acusados, como así también otras diligencias complementarias.
Imputaciones
De los nueve detenidos, ocho están imputados como coautores del delito de trata de personas con la finalidad de promoción, facilitación y explotación sexual, agravada por la vulnerabilidad, la minoridad y cantidad de las víctimas; por el número de intervinientes y por haberse consumado su explotación.
En tanto, cinco de ellos, están acusados de ser miembros de una asociación ilícita destinada a la facilitación y promoción de la prostitución.
La fiscalía imputó también la tenencia y distribución de material de índole sexual de menor a seis de los acusados; la corrupción de menores a otro de ellos; el abuso sexual de una menor de 13 años a dos acusados; y seis hechos de promoción y facilitación a prostitución agravada por ser víctimas menores de edad a dos imputados.
Al fundar la ampliación de las imputaciones, el fiscal general dejó en claro que las nuevas calificaciones adjudicadas a los detenidos surgen de las numerosas evidencias recolectadas, entre ellas los datos extraídos de los teléfonos que ya pudieron ser peritados, los reportes de transferencias bancarias y los informes de las redes sociales.
Villalba consideró que dichas evidencias coinciden con detalles que fueron revelados por las víctimas, tanto respecto a la identificación de cada uno de los implicados, como los lugares en que se consumaba la explotación sexual, que eran hoteles alojamientos ubicados sobre la ruta 26, o bien, en las viviendas de algunos de los acusados.
Resta analizar material probatorio
No obstante, la fiscalía sostuvo que aún resta analizar un gran cúmulo de material probatorio que podría develar otros delitos, o bien, identificar a otras personas implicadas en esta red de trata sexual, siendo este uno de los argumentos que fue expuesto para solicitar la ampliación del plazo de investigación, que había sido fijado por el juez para el 26 de marzo de 2026.
El otro fundamento expuesto estuvo vinculado a las entrevistas en Cámara Gesell que aún están en proceso, un elemento que fue considerado vital dado que se trata del relato de las víctimas que, según el fiscal, algunas de ellas hasta expresaron sentirse atemorizadas.
Por ello, el fiscal general develó que, en determinados casos, se pudo establecer que algunos de los acusados, antes de ser detenidos, amenazaron a las menores para que no sean delatados, situación que llevó a tomar medidas de protección hacia las víctimas.
El caso
La primera denuncia del caso se radicó el 26 de junio del año pasado, cuando la mamá de una de las víctimas se mostró sorprendida por el celular de alta gama que tenía su hija y, al revisarlo, vio mensajes de índole sexual, entre ellos uno enviado por un remisero, que actualmente está imputado en la causa, a través del cual hacía alusión a su otra hija de 12 años.
La denuncia motivó la apertura de una causa penal en la justicia provincial, pero luego de analizar el contenido del teléfono secuestrado al remisero, el fuero ordinario pidió su incompetencia, bajo la hipótesis de un posible caso de trata de personas.
De esta manera, la investigación pasó al ámbito de la Fiscalía de Distrito del Ministerio Público Fiscal (MPF) a mediados de este año, tras una audiencia en la que se declaró la competencia federal.
La fiscalía describió el rol de cada uno de los involucrados en la causa, precisó cómo se había originado la red de trata sexual y cuál era su objetivo principal.
«A tal punto era la perversidad de los acusados que descartaban a las adolescentes que avanzaban en edad. Cuando ya cumplía los 18 años, las desechaban”, se puntualizó desde el MPF.
Si bien el fiscal general identificó al remisero como el fundador de esta red, quien recibía dinero por coordinar los servicios sexuales, no fue el único que tenía a su cargo la captación, sino que todos tuvieron parte en ello, ya que es común denominador en las víctimas el indicativo de que los acusados “les pedían que consigan más amigas”.
La fiscalía delimitó el accionar de esta red desde 2024, pero en el caso ya surgieron evidencias de hechos que datan de un año antes.
Las adolescentes concurrían a colegios públicos y privados
Por otro lado, se dejó en claro que las víctimas pertenecen a distintos colegios, tanto públicos como privados, y que provienen de distintas clases sociales.
Al adentrarse a los hechos en sí, el fiscal relató que los acusados hacían pedidos sobre los aspectos físicos que supuestamente debían cumplir las adolescentes.
En ese sentido, repasó los mensajes donde uno de ellos solicitaba a las víctimas para «llevarlas a una despedida de solteros» mientras que otro «las pedía los sábados, para después de jugar al fútbol».
Además, puntualizó en que varios exigían cierto vestuario y prácticas sexuales determinadas, además de forzarlas a ingerir «un cóctel de drogas».
En concreto, el fiscal afirmó que “se acreditó la existencia de un número importante de víctimas niñas, las que quedaron presas de una red que, con distintos fines, le permitía a los imputados explotarlas sexualmente”.
Dicha hipótesis fue respaldada por las querellas, que también resaltaron las evidencias que comprometen a los imputados y también se refirieron a la jurisprudencia y tratados internacionales adquiridos por el Estado Argentino, en cuanto a proteger a las menores y combatir el delito de trata de personas.
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