La jueza de Familia Alicia Valdés destacó la importancia de los nuevos juzgados especializados en la provincia y remarcó la necesidad de fortalecer la articulación entre instituciones para garantizar una protección efectiva de los derechos de niños, niñas y personas en situación de vulnerabilidad.
La magistrada valoró la creación del fuero de Familia como un avance significativo, al permitir que los conflictos vinculados a esta materia sean abordados de manera específica y sin interferencias de otras áreas judiciales. “Se trata de una garantía para quienes deben litigar en temas de familia”, sostuvo.
Al referirse a recientes casos de violencia contra menores, Valdés calificó estas situaciones como “lamentables” y recordó antecedentes que conmocionaron a la sociedad, como los casos de Zoe y Lucio Dupuy. En ese sentido, subrayó que la protección de los derechos de la niñez requiere del compromiso de todo el entramado estatal y también de la comunidad.
“La diligencia institucional es clave. Si uno de los eslabones falla, se compromete todo el abordaje”, explicó, al tiempo que insistió en la importancia de que la ciudadanía denuncie situaciones de violencia.
En cuanto al funcionamiento de los nuevos tribunales, la jueza señaló que ya se encuentra en aplicación un procedimiento específico denominado tutela de protección por violencia familiar, que permite una intervención más rápida, coordinada y efectiva. Según indicó, desde la puesta en marcha de los juzgados ya se abordaron al menos cuatro casos bajo este nuevo marco normativo.
Uno de los aspectos novedosos, precisó, es la posibilidad de trabajar no solo con las víctimas sino también con las personas agresoras, lo que permite un abordaje más integral de la problemática. Además, destacó la articulación con otras áreas del Estado, como la Justicia penal y organismos de niñez.
Respecto a la actuación de las fuerzas de seguridad y otros organismos, Valdés remarcó que si bien existe formación en derechos, es necesario profundizar la “instrumentalización operativa”. Esto implica, explicó, mejorar los procedimientos, clarificar competencias y fortalecer la coordinación entre las distintas instituciones que intervienen en cada caso.
“La protección de las personas es compleja desde lo institucional. Cada organismo tiene su rol, pero el éxito depende de cómo se articulan esas intervenciones”, afirmó.
Finalmente, la magistrada informó que los juzgados de Familia ya se encuentran en funcionamiento en la ciudad capital, con tres tribunales activos, e hizo hincapié en la importancia de la capacitación continua de los operadores judiciales y de la difusión de derechos a través de los medios de comunicación.
“Es fundamental que la comunidad sepa cómo actuar y a dónde acudir. La información también es una herramienta de protección”, concluyó.
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