Buenos Aires. En el marco del debate legislativo sobre la modificación del régimen de biocombustibles, la senadora nacional Flavia Royón sostuvo que existe un amplio consenso político y sectorial respecto de la necesidad de reformar la normativa vigente, al considerar que el actual esquema presenta limitaciones que afectan la competitividad, las inversiones y el desarrollo de nuevas tecnologías vinculadas a la transición energética.
Durante su exposición en el plenario de las comisiones de Minería y Presupuesto del Senado, Royón señaló que la gran cantidad de proyectos presentados por distintos bloques constituye una evidencia de que el régimen actual requiere cambios profundos.
“Una conclusión es clara: hay que modificar el régimen actual. Creo que ese es un punto de consenso. Veo muchos puntos de acuerdo y espero que realmente se dé tratamiento y que esto se convierta en ley”, expresó.
La legisladora destacó que uno de los principales acuerdos entre las distintas iniciativas es la necesidad de avanzar hacia un mercado más competitivo, reemplazando gradualmente el sistema de cupos asignados por empresa que rige actualmente.
Más biotanol y nuevos combustibles renovables
Royón explicó que las mayores coincidencias aparecen en torno al sector del bioetanol, donde la mayoría de los proyectos plantean elevar los porcentajes de mezcla obligatoria con las naftas y mantener una participación equilibrada entre la producción proveniente de caña de azúcar y la obtenida a partir del maíz.
“Hay muchísimas coincidencias en biotanol. Todos los proyectos apuntan a elevar el corte y a sostener cupos diferenciados para el bioetanol de caña y el bioetanol de maíz”, indicó.
Sin embargo, reconoció que las principales diferencias se concentran en el biodiésel, especialmente en torno al grado de apertura del mercado y a la convivencia entre las grandes empresas integradas —que producen materia prima y combustible— y las firmas no integradas, en su mayoría pequeñas y medianas empresas.
“La discusión más compleja está en el biodiésel, donde hay diferencias sobre si el corte debe subir al 10% o al 15%, y sobre cómo garantizar una competencia equilibrada entre empresas integradas y no integradas”, explicó.
La senadora destacó además que su proyecto incorpora elementos que no están presentes en otras iniciativas, vinculados a los compromisos ambientales y al desarrollo de nuevas fuentes energéticas.
Entre ellos mencionó la incorporación de criterios de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el desarrollo de los combustibles sostenibles para la aviación (SAF, por sus siglas en inglés) y la promoción del biogás, el biometano y el bioGNL.
“Tenemos que empezar a hablar de bioenergías. Brasil ya exige porcentajes mínimos de combustible sostenible para aviación y Argentina tiene que comenzar a prepararse para ese mercado”, sostuvo.
Defensa de las pymes y prevención de posiciones dominantes
Uno de los ejes centrales del debate gira en torno al impacto que una eventual desregulación podría tener sobre las pequeñas y medianas empresas del sector, que advierten sobre el riesgo de una mayor concentración en favor de grandes grupos industriales.
Consultada sobre esa preocupación, Royón aseguró que su iniciativa contempla mecanismos específicos para evitar situaciones de cartelización u oligopolio.
“En mi proyecto asigno al menos un 30% del mercado a las empresas no integradas. Además propongo transparentar el precio de venta de los insumos que las empresas integradas venden a las no integradas”, explicó.
La legisladora remarcó que alrededor del 80% de los costos de producción del biodiésel dependen de insumos clave como el aceite vegetal y el metanol, por lo que consideró fundamental garantizar reglas claras para evitar distorsiones competitivas.
“Hay que atender específicamente el problema y garantizar que no existan posiciones cartelizadas u oligopólicas”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que la eliminación del sistema actual de cupos por empresa podría contribuir a reducir costos y mejorar la eficiencia del mercado, aunque advirtió que esa apertura debe implementarse con mecanismos que preserven la competencia.
Argentina frente al desafío regional
Royón también comparó la situación argentina con la evolución que ha tenido el sector en Brasil, país que en los últimos años consolidó una estrategia agresiva de expansión de los biocombustibles y las bioenergías.
Según señaló, la legislación vigente en Argentina impone restricciones que limitan el crecimiento de la actividad, como la prohibición de que las empresas integradas comercialicen en el mercado interno o que las no integradas exporten sus productos.
“El marco legal actual prohíbe a las integradas vender en el mercado interno y a las no integradas exportar. Tenemos que eliminar este tipo de limitaciones y ampliar los mercados”, indicó.
Para la senadora, los biocombustibles representan una de las grandes oportunidades productivas y energéticas del país, gracias a la abundancia de materias primas agrícolas, la capacidad industrial instalada y el creciente interés internacional por los combustibles de bajas emisiones.
“Hay que ir hacia un marco mucho más desregulado y ampliar el mercado para todos. Cada vez aparecen nuevas tecnologías, nuevas materias primas y nuevos combustibles que antes eran considerados los combustibles del futuro y hoy ya son una realidad”, concluyó.
El debate continuará en las próximas semanas en el Senado, donde confluyen proyectos impulsados por distintos bloques políticos, entre ellos las iniciativas promovidas por la senadora Carolina Losada, la senadora Alejandra Vigo y otros legisladores, en una discusión que busca redefinir el futuro de la industria de los biocombustibles, un sector que genera miles de empleos y constituye una pieza clave de la transición energética argentina.
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