El Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N.º 1 de La Rioja resolvió morigerar la medida de coerción que pesaba sobre dos imputados. Continuarán privados de su libertad bajo prisión domiciliaria, con controles policiales y estrictas restricciones de conducta.
El Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N.º 1 de la Primera Circunscripción Judicial, con sede en la ciudad de La Rioja, resolvió otorgar prisión domiciliaria a dos personas imputadas en la investigación por la muerte de Ilda Goyochea.
La decisión fue adoptada este viernes 14 de agosto por el juez subrogante Daniel Barría, quien dispuso sustituir el alojamiento de los imputados en un establecimiento de detención por la modalidad de prisión domiciliaria, en los términos previstos por el artículo 333 del Código Procesal Penal de La Rioja.
Según la resolución, para adoptar esta medida se consideraron, entre otros elementos, el arraigo familiar y laboral acreditado, la ausencia de antecedentes penales computables, la colaboración de los imputados durante el proceso y la presentación de bienes registrables como caución real.
El magistrado señaló que, si bien la investigación se encuentra en una etapa inicial y todavía resta producir prueba testimonial, los riesgos procesales pueden ser neutralizados mediante una medida cautelar menos gravosa que la permanencia en un establecimiento de detención.
Restricciones y controles
La prisión domiciliaria deberá cumplirse en los domicilios informados por los imputados y estará sujeta a estrictas reglas de conducta durante el desarrollo de la causa.
Entre las condiciones establecidas se encuentra la prohibición de abandonar o modificar el domicilio sin autorización judicial previa y por escrito.
También se dispuso la prohibición de mantener contacto con testigos de la causa, la víctima, querellantes o sus familiares. La restricción comprende comunicaciones personales, telefónicas, mediante plataformas digitales, correo electrónico y redes sociales, tanto de manera directa como a través de terceras personas.
El cumplimiento de la prisión domiciliaria será controlado por efectivos de la comisaría correspondiente a cada jurisdicción, quienes deberán realizar rondas periódicas en los domicilios y comunicar al Tribunal cualquier incumplimiento.
La investigación continúa bajo reserva
En otra providencia dictada este 14 de agosto, el Juzgado dispuso la reserva de las actuaciones y ordenó a las partes abstenerse de divulgar a terceros ajenos al proceso información vinculada con las diligencias procesales realizadas o que se desarrollen en adelante.
La medida se fundamentó en la necesidad de preservar la investigación, luego de que el tribunal advirtiera una creciente mediatización del expediente que podría afectar su desarrollo y esclarecimiento.
La reserva se mantendrá hasta la conclusión de la investigación, conforme a lo establecido por el artículo 214 del Código Procesal Penal de La Rioja.
En paralelo, el Juzgado continuará con la producción de prueba testimonial y fijó audiencias para la próxima semana, en las que prestarán declaración dos personas convocadas en calidad de testigos.
Posible revocación ante incumplimientos
La resolución establece que los imputados deberán ser notificados personalmente de todas las condiciones impuestas.
El Juzgado advirtió además que cualquier incumplimiento injustificado de las medidas podría constituir el delito de desobediencia a la autoridad, previsto en el artículo 239 del Código Penal, y derivar en la revocación de la prisión domiciliaria y el reingreso de los imputados a un establecimiento de detención.
La investigación judicial continúa en curso y, de acuerdo con lo dispuesto por el tribunal, permanece bajo reserva mientras avanzan las medidas probatorias pendientes.
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