LA RIOJA — En el marco de los debates actuales sobre el presupuesto provincial y los desafíos de modernización institucional, el sistema judicial de La Rioja transita un momento bisagra. La jueza de instrucción Gisela Flamini analizó en profundidad los cambios estructurales que se avecinan, la implementación del sistema acusatorio y las limitaciones normativas con las que operan los magistrados frente a los delitos informáticos y las discusiones sobre minoridad.
Un Sistema Procesal en Transición y la Necesidad de Presupuesto
Uno de los ejes centrales tiene que ver con la implementación del sistema acusatorio, cuya puesta en marcha fue prorrogada para mayo del próximo año. Este cambio institucional promete transformar de raíz el rol de los magistrados.
- El fin del «juez esquizofrénico»: La doctora Flamini explicó que, bajo el modelo actual, el juez de instrucción concentra la investigación y el dictamen, lo que genera una superposición de roles. Con el sistema acusatorio, el Ministerio Público Fiscal asumirá la titularidad exclusiva de la acción penal y de la investigación.
- Oralidad y transparencia: Las decisiones se debatirán en audiencias orales, públicas y en vivo, dotando al proceso de mayor celeridad. Mientras que una instrucción tradicional puede demorar entre dos y cuatro años, la investigación penal preparatoria bajo el nuevo esquema tendrá un plazo máximo de cuatro meses (prorrogables por cuatro más).
- El factor económico: Si bien gran parte del recurso humano y de las estructuras de los actuales juzgados de instrucción será reorganizada hacia el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, la magistrada advirtió que la transición demanda una inversión específica en infraestructura, salas de audiencia equipadas con tecnología de grabación y herramientas forenses.
Delitos Informáticos y Vacíos en el Código Penal
Acerca de las herramientas con las que cuenta la justicia para combatir las nuevas modalidades delictivas, Flamini alertó sobre la falta de tipificación específica en la legislación nacional.
- Herramientas limitadas: Delitos como la difusión no consentida de imágenes íntimas o la llamada sextorsión no se encuentran contemplados de manera específica en el Código Penal argentino.
- Interpretaciones extensivas: Actualmente, los fiscales deben recurrir a figuras como la coacción (amenazas calificadas) para encuadrar este tipo de conductas, lo que reduce las penas a montos excarcelables y deja al sistema con margenes operativos muy acotados.
- Reclamo federal: La jueza señaló que esta problemática requiere una reforma legislativa profunda por parte del Congreso de la Nación, un ámbito donde los proyectos sobre delitos informáticos suelen dilatarse debido a desacuerdos técnicos.
Debate sobre el Régimen Penal Juvenil y la Realidad Social
En relación con los proyectos de modificación del régimen penal para menores, la magistrada expresó reparos sobre su viabilidad sin un acompañamiento integral del Estado.
- Falta de infraestructura y dispositivos: Flamini advirtió que ni la provincia ni el sistema en general cuentan con la estructura de contención, los equipos interdisciplinarios ni las figuras de supervisión pedagógica que exige una normativa de este tipo.
- Cuestionamiento constitucional: Señalar que el encierro debe ser la última alternativa no se condice con la realidad de los centros de detención actuales, lo que —a su criterio— derivará en futuras declaraciones de inconstitucionalidad por contradecir tratados internacionales de derechos humanos.
- Prevención y educación: Para la jueza, el abordaje punitivo no resuelve las raíces del problema, las cuales deben ser atendidas mediante políticas públicas educativas, contención en clubes, centros vecinales y una mayor concientización en el ámbito escolar sobre el alcance legal de los actos juveniles cotidianos.
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