El Gobierno de la provincia de La Rioja formalizó su pedido para constituirse como parte querellante en una investigación judicial contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y otros funcionarios nacionales. La presentación denuncia el presunto desvío e irregularidad en el manejo de más de $1 billón correspondiente a los fondos del Sistema Vial Integrado (SisVial), cuyo destino legal era el mantenimiento y la ejecución de obras públicas en la red de rutas nacionales.
La causa, tramitada bajo el expediente CFP 3960/2026 en el Juzgado Federal N.º 11, apunta a esclarecer la posible comisión de los delitos de defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Según la presentación judicial impulsada por la gestión del gobernador Ricardo Quintela, alrededor del 73,8% de las asignaciones para el SisVial no habrían sido ejecutadas en las obras viales previstas, sino colocadas en plazos fijos e instrumentos financieros del Tesoro con el objeto de respaldar las metas de equilibrio fiscal del Ejecutivo nacional.
Desde la provincia advirtieron que esta subejecución afectó directamente el avance de obras estratégicas de conectividad e infraestructura, como el trazado de la Ruta Nacional 73 (La Rioja – Chilecito), las intervenciones en la Ruta Nacional 75, el Corredor Bioceánico por el paso Pircas Negras y las tareas de conservación en las rutas nacionales 78, 79 y 141. La querella provincial busca que la Justicia Federal determine la responsabilidad penal y civil de los funcionarios implicados y ordene el reencauzamiento de las partidas destinadas al desarrollo vial de las provincias.
Aquí tienes un desglose detallado de toda la información, datos técnicos, argumentos legales y el impacto concreto en la provincia que han sido publicados sobre la denuncia y el pedido de La Rioja para ser parte querellante:
1. Desglose financiero de la denuncia
- Monto bajo investigación: Se investiga el destino de más de $1 billón de pesos pertenecientes al Sistema Vial Integrado (SISVIAL).
- Porcentaje de subejecución: La provincia denunció que durante la gestión nacional se asignaron al SISVIAL aproximadamente $1,5 billones, pero únicamente se ejecutaron $394.406 millones en mantenimiento u obras públicas. Esto representa una subejecución del 73,8% de los fondos viales.
- Mecanismo financiero denunciado: Según los escritos presentados, al 31 de mayo se constató que más de $1 billón no ejecutado fue colocado en plazos fijos y letras del Tesoro. Para el gobierno riojano, estos fondos con asignación específica por ley habrían sido retenidos o redirigidos hacia instrumentos financieros con el fin de sostener de manera artificial las metas de equilibrio fiscal del Poder Ejecutivo Nacional.
- Fondos fiduciarios: La provincia sostiene que se llegaron a retener e inmovilizar recursos viales que equivalen a casi u$s 4.000 millones.
2. Marco judicial y autoridades investigadas
- Causa y fuero: La causa está caratulada bajo el expediente CFP 3960/2026 y se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 11.
- Imputados/Denunciados: La presentación apunta contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, y pide investigar toda la cadena de responsabilidades, incluyendo al Banco Nación (en su rol de fiduciario del sistema) y a las autoridades de Vialidad Nacional.
- Patrocinio letrado: La provincia realizó la presentación con el patrocinio del abogado Jorge Yoma.
- Tipificación de delitos (Código Penal):
- Defraudación en perjuicio de la Administración Pública (Arts. 173 inc. 7 y 174 inc. 5).
- Abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público (Arts. 248 y 249).
- Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (Art. 265).
3. Obras viales riojanas directamente afectadas
El escrito judicial especifica el nivel de avance y la parálisis de proyectos estratégicos de la provincia debido a la falta de giros del SISVIAL:
- Nueva Ruta Nacional 73 (La Rioja – Chilecito): Registra un avance del 88,96% en una sección y del 64,25% en otra. Permanece frenada, impidiendo la interconexión directa entre los dos polos urbanos y económicos más poblados de la provincia.
- Ruta Nacional 75 (Túnel y ensanche en el tramo Las Padercitas – Sanagasta / Los Sauces): La obra quedó paralizada con un 73,96% de ejecución alcanzada.
- Paso Internacional Pircas Negras y Corredor Bioceánico: Paralización de los trabajos de conectividad necesarios para el corredor comercial hacia Chile y el Océano Pacífico.
- Mantenimiento y conservación de calzadas: Afectación severa y falta de conservación sobre las Rutas Nacionales 78, 79 y 141.
4. Impacto socioeconómico y medidas solicitadas
- Uso de fondos provinciales: El gobierno de Ricardo Quintela remarcó que ante la inacción del Estado Nacional, La Rioja tuvo que volcar recursos del tesoro provincial para realizar reparaciones de emergencia y mantener la seguridad vial mínima en las rutas nacionales que cruzan su territorio.
- Perjuicio productivo: La provincia argumenta un daño sistemático a las cadenas de valor regionales, afectando a la industria olivícola, vitivinícola, minera y turística.
- Preservación de prueba y resarcimiento: La querella pidió formalmente a la Justicia que dicte medidas cautelares para preservar toda la documentación financiera del Ministerio de Economía y del Banco Nación, y que, una vez concluidas las actuaciones penales, se exija la restitución y devolución civil de los fondos adeudados a las provincias.
Desglose de lo reclamado a La Rioja:
- Deuda directa del SisVial para La Rioja (USD 30 millones):
- Corresponde al cálculo realizado por la gestión provincial sobre los fondos con asignación específica para obras viales en territorio riojano que debieron haber sido liquidados por el fideicomiso y que no fueron transferidos a la provincia.
- Diferencia frente al $1 billón nacional:
- La cifra global de $1 billón de pesos (o cerca de u$s 4.000 millones) objeto de la denuncia penal judicial es el pozo acumulado acumulado en plazos fijos e instrumentos del Tesoro a nivel de todo el país.
- De esa masa global, la cuota parte indivisa y específica que la provincia sostiene que le corresponde recibir para finalizar sus obras y mantener sus rutas es de USD 30 millones.
- Destino de los USD 30 millones reclamados:
- Continuidad de obras troncales: Finalización de tramos claves como la Ruta Nacional 73 (La Rioja – Chilecito) y las obras de infraestructura de la Ruta Nacional 75 (tramo Las Padercitas – Sanagasta).
- Intervenciones de conservación: Tareas de repavimentación y bacheo en las Rutas Nacionales 78, 79 y 141.
- Reembolso: Compensar los fondos propios que el Estado provincial volcó en las rutas nacionales para garantizar la transitabilidad y la seguridad vial ante la falta de giros nacionales.
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