La Oficina de Atención a la Víctima tomó intervención en un caso de extrema gravedad ocurrido recientemente en la localidad de Malanzán, donde una niña de 13 años habría sido víctima de abuso sexual reiterado. Según se informó, la madre tomó conocimiento de los hechos tiempo después, lo que permitió activar los mecanismos institucionales correspondientes.
De acuerdo con el testimonio brindado, el presunto agresor ya habría estado involucrado en hechos similares con otra menor en el pasado. Incluso, en una causa anterior, la Justicia lo habría obligado a dejar de convivir con esa menor. Pese a esos antecedentes, el sujeto habría reincidido, cometiendo nuevamente delitos de suma gravedad. En la causa actual se investigan abuso sexual reiterado con acceso carnal, corrupción de menores y la posible existencia de material pornográfico, lo que agrava considerablemente la imputación.
Desde la Oficina de Atención a la Víctima se realizó un llamado público a la reflexión dirigido a las autoridades judiciales, solicitando que se actúe conforme a las pruebas incorporadas al expediente. Entre ellas, se destacó la Cámara Gesell realizada a la niña, que habría sido contundente, y la intervención de la jueza de menores. El pedido principal es que no se otorgue la libertad al acusado y que se avance hacia una condena acorde a la gravedad de los hechos, aplicando la figura de concurso real para alcanzar la pena máxima prevista por la ley.
Asimismo, se advirtió que este no sería un caso aislado. Según se denunció, en Malanzán existirían otros dos o tres presuntos abusadores que permanecen en libertad, algunos de ellos conviviendo con las propias víctimas o con personas que denunciaron los hechos ya en la adultez. Esta situación genera un fuerte estado de alerta y preocupación en la comunidad.
En ese marco, se anunció que se solicitará una audiencia con la Fiscalía correspondiente, ante la falta de respuestas previas, para exigir avances concretos en causas de violencia de género y abuso sexual. Se remarcó que las víctimas merecen una investigación seria, un juicio y una condena, y que la falta de respuestas desalienta la denuncia en muchas localidades del interior.
Finalmente, se reiteró el reclamo por un cambio profundo en el funcionamiento de la Justicia, especialmente en los juzgados del interior provincial, y se pidió la implementación efectiva del sistema acusatorio en toda la provincia. También se exigió el cumplimiento del derecho al patrocinio legal gratuito para las víctimas, contemplado en la legislación pero aún no aplicado plenamente en La Rioja, lo que deja en situación de desventaja a familias vulnerables. El mensaje fue contundente: la situación no da para más y es urgente poner un freno definitivo a la impunidad.
