La jueza Cecilia Córdoba confirmó de manera pública la presentación de su renuncia al cargo al frente del Juzgado de Instrucción N° 1 de La Rioja, trámite formalizado formalmente a las 11:00 de la mañana tanto ante el Superior Tribunal de Justicia como en la Cámara de Diputados.
Asimismo, confirmó que de forma inmediata solicitó su licencia por compensación de feria judicial, por lo que ha dejado de forma efectiva de ser la jueza a cargo de las causas de su juzgado.
Ratificación de «motivos personales» y desvinculación política o afectiva
Córdoba hizo hincapié en que su alejamiento del Poder Judicial responde de forma estricta a decisiones de índole personal y no a presiones externas ni al dictado de expediente alguno:
«Mi renuncia es una renuncia presentada personalmente, sin ningún motivo que sea extraño a mi persona… Son cuestiones personales, que no tienen que ver con ninguna causa, que no tienen que ver con otra persona, simplemente soy yo como jueza presentando una renuncia».
Sobre el impacto mediático del caso Ilda Goyochea, negó categóricamente que la tramitación de esta causa haya sido el detonante de su dimisión. Señaló haber intervenido a lo largo de su carrera en expedientes de altísimo impacto —como la causa contra la exjueza Norma Abatte de Mazzuchelli o el homicidio del señor Guzmán— y remarcó que cuenta con la preparación académica y la templanza necesaria para desempeñarse bajo presión.
Por otra parte, abordó los rumores sobre su relación con el fiscal General, Dr. Javier Vallejos, quien también presentó su dimisión el mismo día:
- Aclaró que mantuvieron una relación de pareja de aproximadamente un año, pero que la misma finalizó tiempo atrás.
- Desmarcó por completo su decisión de la renuncia del fiscal, afirmando que no tiene vinculación con las acciones del jefe de los fiscales y que acudió en persona a ingresar su nota de renuncia sin conocer otros trámites.
Reconocimiento al personal del Juzgado de Instrucción N° 1
Córdoba dedicó palabras de reconocimiento al equipo de empleados y trabajadores de la dependencia que condujo durante dos años y medio, defendiendo su labor técnica frente a las críticas de la opinión pública:
«Esta gente que viene trabajando hace 27 años en la justicia, que tiene muchísima experiencia… me ha demostrado no solamente su lealtad con cada una de las causas sino su experiencia, su forma de trabajo y que jamás me dijeron «No mire doctora, no podemos trabajar»».
Recordó además la abrumadora carga procesal que soporta dicho fuero, informando que en el Juzgado de Instrucción N° 1 tramitan un total aproximado de 76.000 causas.
Revelaciones sobre la investigación de la muerte de Ilda Goyochea
La exmagistrada detalló minuciosamente los elementos que la llevaron a ordenar la detención de los dos jóvenes implicados en el hecho bajo la carátula de homicidio simple:
- Alerta médica e inicio de actuaciones: El 10 del corriente mes, personal de la Comisaría Segunda le informó sobre el llamado de una médica de la Clínica Eri. Dicha profesional alertó que la lesión que presentaba la víctima (un corte lineal de entre 8 y 10 cm) no aparentaba responder a un incidente doméstico.
- Obstrucción y corte de las cámaras de seguridad: La jueza relató que, al requerir el teléfono celular de Ilda Goyochea —con el cual se administraba el sistema de cámaras de seguridad de la vivienda—, el dispositivo estaba en poder de Gabriel Díaz, quien en un principio manifestaba reticencia a entregarlo. Tras la orden judicial de apertura, se detectó que las grabaciones de las cámaras se interrumpieron abruptamente a las 3:42 a.m..
- Inconsistencias en el traslado y auxilio: La investigación detectó que el llamado al 911 no se dirigió de inmediato al centro médico, sino a la vivienda de la madre de una de las acusadas. Córdoba consideró determinante evaluar si la demora en el traslado y el no haber comprimido o tapado la herida sangrante incidieron de forma directa en el fallecimiento.
- Intervención de peritos de Córdoba: Informó que, si bien la médica forense Nancy Mora consignó una lesión lineal en primera instancia, la causa requirió encomendar estudios a un cuerpo médico especializado en la provincia de Córdoba para determinar formalmente si la herida pudo ser provocada por la caída sobre una copa de vidrio roto o por la acción de un tercero.
Aclaraciones sobre el trámite procesal y la autopsia
Ante los cuestionamientos formulados por la abogada defensora (Dra. Varas), la exjueza aclaró los siguientes aspectos del proceso:
- Nulidad de indagatorias: Precisó que la anulación judicial alcanzada por la defensa afectó únicamente a las declaraciones indagatorias de los imputados por una cuestión de redacción formal de la imputación, pero no anuló ningún testimonio ni retrotrajo la investigación a foja cero.
- Reconstrucción del hecho e indagatoria: Argumentó que la ampliación de imputación e indagatoria no son medidas punitivas, sino garantías constitucionales para permitir el derecho a defensa conforme al principio de congruencia.
- Cremación del cuerpo: Desmintió haber sido quien autorizó la cremación del cuerpo de Goyochea. Explicó que dicha resolución fue tomada por la Dra. Eugenia Torres durante el turno de feria judicial. Añadió que el procedimiento no perjudica la prueba, dado que se extrajeron todos los fluidos y muestras anatomopatológicas necesarias con la presencia y consentimiento del perito de parte de la defensa.
«La justicia nunca detiene gente porque es desprolija o porque está desinformada… cuando llevamos adelante una privación de la libertad lo hacemos porque consideramos que es conveniente y porque tenemos en el expediente situaciones que nos llevan a tomar esa decisión».
Estado actual de la causa y pasos a seguir
Córdoba concluyó señalando que el expediente se encuentra en la etapa crítica de instrucción, a la espera de la extracción de datos de las pericias telefónicas (proceso que puede demorar de 7 a 30 días) y de los informes forenses complementarios. Una vez completadas estas diligencias, el juez que asuma formalmente el tribunal subrogante deberá evaluar si existen elementos probatorios para dictar el procesamiento, modificar la calificación legal o conceder la libertad a los imputados.
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