En el marco del debate nacional por la reforma laboral promovida por el Gobierno, el juez de la Cámara Laboral de La Rioja, Eduardo Leguizamón León, expresó duras críticas al proyecto y advirtió sobre un posible aumento de la judicialización si la normativa avanza en los términos actuales.
Durante una entrevista radial, el magistrado analizó los principales puntos de la iniciativa oficial y sostuvo que, desde el punto de vista jurídico, la reforma “adolece de muchísimas dificultades” que podrían generar conflictos constitucionales.
“No existe la industria del juicio”
Uno de los ejes centrales del discurso oficial es la necesidad de terminar con la denominada “industria del juicio”. Sin embargo, Leisemón León rechazó esa premisa:
“Nosotros estimamos que solamente el 2% de las personas que podrían judicializar su causa lo hacen. No hay industria del juicio; en todo caso, hay industria del incumplimiento”.
Según explicó, la mayoría de los conflictos laborales no llegan a instancia judicial debido al temor a los tiempos del proceso o al desconocimiento. En su opinión, si aumentan los litigios será como consecuencia directa de una normativa que considera regresiva en materia de derechos.
Posible colisión con la Constitución
El juez advirtió que varios artículos del proyecto podrían entrar en conflicto con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que establece la protección del trabajo en todas sus formas, así como con tratados internacionales incorporados a la Carta Magna.
En este sentido, destacó dos principios fundamentales del derecho laboral:
Principio pro persona: ante cualquier duda normativa, debe prevalecer la interpretación más favorable a la persona trabajadora.
Principio de progresividad: los derechos laborales no pueden retroceder respecto a estándares ya alcanzados.
“Si alcanzaste un estándar mínimo de derechos, nunca podés tener menos. Esta normativa, lamentablemente, reduce o aniquila derechos en varios puntos”, afirmó.
Cambios en el régimen por enfermedad
Uno de los aspectos más polémicos es la modificación en el pago de salarios durante enfermedades inculpables. Actualmente, la Ley de Contrato de Trabajo garantiza el cobro íntegro de la remuneración habitual. La reforma, según explicó el magistrado, propone abonar solo un porcentaje del salario básico.
Leguizamón León, sostuvo que, en la práctica, el trabajador podría terminar cobrando apenas el 30% de su remuneración habitual si se computa únicamente el sueldo básico y no los adicionales.
“Es especialmente grave en casos de enfermedades serias como el cáncer, donde la persona no solo enfrenta un problema de salud, sino también una drástica reducción de ingresos”, señaló.
Banco de horas y flexibilización de jornada
Otro punto cuestionado es la implementación del denominado “banco de horas”, que permitiría modificar la jornada laboral compensando horas trabajadas sin el pago de horas extra.
Actualmente, las horas extraordinarias se abonan con recargos del 50% o 100% según el día. Con la reforma, esas horas podrían compensarse con descansos posteriores sin remuneración adicional.
“Desaparece el sistema de pago de horas extra como lo conocemos. El empleador gana mayor discrecionalidad en la organización del tiempo de trabajo”, advirtió.
Eliminación de sanciones por empleo no registrado
El juez también cuestionó la eliminación de multas por empleo no registrado introducida en reformas anteriores, como la Ley Bases 27.742. Según datos mencionados en la entrevista, tras esa modificación el empleo registrado solo aumentó un 0,3% a nivel nacional.
“Ninguna ley crea empleo por sí misma. El trabajo depende de las condiciones económicas, no de la mera modificación normativa”, subrayó.
Debate abierto y posible judicialización
Finalmente, el magistrado instó a un análisis profundo de la Constitución antes de avanzar con la reforma y anticipó que, de aprobarse en los términos actuales, numerosos artículos podrían ser declarados inconstitucionales.
El debate continúa en un contexto de paro convocado por distintos gremios, que consideran que la reforma no es oportuna ni beneficiosa para los trabajadores.
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