Un informe técnico elaborado por trabajadores viales advierte que cerca del 70 % de la red de carreteras de Argentina se encuentra en estado de deterioro como consecuencia de la paralización de la obra pública. La situación genera un impacto directo en los costos logísticos y en la seguridad vial, incluso en sectores estratégicos de la economía que han sido beneficiados con rebajas impositivas, como la minería y los hidrocarburos.
La provincia de Jujuy, ubicada en el extremo norte del país y limítrofe con Chile y Bolivia, se presenta como uno de los casos más representativos. Allí, el Gobierno provincial mantiene negociaciones con empresas dedicadas a la explotación de litio para que contribuyan a la inversión en rutas clave, aunque insiste en que también es necesaria la participación del Estado nacional.
Uno de los tramos más afectados es la cuesta del Ipán, un sector de la ruta nacional 54 que alcanza los 4.170 metros sobre el nivel del mar y conecta el noroeste argentino con Chile. Esta vía constituye el principal acceso a dos minas de litio en funcionamiento y a otros cuatro proyectos en desarrollo. Sin embargo, el tránsito constante de camiones de gran porte contrasta con el recorte del 72 % en la inversión vial aplicado por el Gobierno nacional, lo que ha acelerado el deterioro del camino.
Pobladores de la zona de las Salinas Grandes denuncian desniveles, curvas dañadas y un estado general de abandono que incrementa el riesgo tanto para transportistas como para turistas. Además del impacto ambiental, señalan que la infraestructura no está preparada para soportar el volumen de transporte pesado asociado a la actividad minera.
La paradoja se repite en distintas regiones del país: mientras Argentina promueve grandes inversiones en minería e hidrocarburos mediante incentivos fiscales, la falta de mantenimiento de las rutas termina afectando a esas mismas actividades productivas. Desde el Gobierno de Jujuy aseguran que las empresas mineras están dispuestas a aportar fondos para la reparación de carreteras, pero subrayan que es imprescindible un acuerdo coordinado con la Nación.
El debate sobre el estado de las rutas también se vincula con la seguridad vial. En Jujuy, los accidentes de tránsito habrían aumentado un 3 % durante 2025, una cifra que familiares de víctimas recuerdan mediante la colocación de estrellas amarillas en distintos tramos de las carreteras. Reclaman un trabajo conjunto entre el sector público y privado para reducir los siniestros.
El desafío se extiende a otras provincias con fuerte presencia minera y a Neuquén, epicentro de la actividad hidrocarburífera. Aunque estas industrias generan empleo y dinamizan la economía, persiste la discusión sobre los efectos negativos en el ambiente y en la infraestructura, así como sobre el verdadero impacto de este modelo extractivo en el desarrollo social a largo plazo.
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