En este primero de mayo, el Día del Trabajador encontró a la Argentina lejos de cualquier clima de celebración. No fue una jornada de conquistas ni de balances positivos, sino más bien un espejo incómodo de la realidad que atraviesan millones de trabajadores. Porque hoy el problema ya no es solamente la falta de empleo, sino algo más profundo y estructural: la degradación del trabajo como herramienta de dignidad.
La precarización avanza en silencio. Hay empleo, sí, pero cada vez más frágil, más inestable, peor remunerado. Trabajadores que encadenan changas, que dependen de plataformas sin regulación, que no tienen cobertura ni certezas. Y en ese contexto, el trabajo deja de ser un ordenador social para convertirse en una estrategia de supervivencia. Se trabaja más, se gana menos y, lo más grave, se pierde la posibilidad de proyectar un futuro.
Este escenario es el resultado de un modelo económico impulsado por el gobierno nacional de Javier Milei, basado en un ajuste profundo del Estado, la paralización de la obra pública y la retirada de políticas históricas de acceso a derechos. La vivienda es un ejemplo claro: sin programas como PROCREAR y sin financiamiento accesible, tener una casa propia volvió a ser un privilegio. Lo mismo ocurre con el empleo en la construcción, uno de los sectores más golpeados por la falta de inversión.
En ese marco, las provincias intentan, con recursos limitados, amortiguar el impacto. En La Rioja, el gobernador Ricardo Quintela anunció una reducción del 20% en las cuotas de vivienda para todos los programas provinciales. Una medida que, más allá de su alcance económico, tiene un fuerte contenido político: priorizar la renta social por sobre la recaudación. En un contexto donde alquilar puede costar más de 500 mil pesos, aliviar una cuota de 120 mil es un gesto de importancia.
A esto se suma el congelamiento de tarifas de energía eléctrica e internet hasta agosto. Decisiones que buscan sostener el consumo básico y evitar que el ajuste termine de asfixiar a las familias. No resuelven el problema de fondo, pero introducen un criterio distinto: el del Estado presente, que interviene para equilibrar, aunque sea parcialmente, una balanza cada vez más desigual.
Claro que estas medidas conviven con tensiones políticas. El llamado a internas del Partido Justicialista para el 25 de octubre abre un proceso de reorganización en medio de la crisis. Mientras la sociedad atraviesa dificultades crecientes, la dirigencia también discute su propia estructura y representación. El desafío será que esa discusión no se desconecte de la realidad cotidiana de la gente.
Porque, en definitiva, de eso se trata este momento histórico: de definir qué lugar ocupa el trabajo en nuestra sociedad. Si va a seguir siendo un derecho que garantice dignidad o si se resigna a ser apenas un recurso de subsistencia en un mercado cada vez más desregulado.
Este Día del Trabajador no dejó lugar para la indiferencia. Obliga a mirar de frente una realidad compleja, donde el ajuste nacional golpea con fuerza y donde las respuestas locales intentan, con lo que hay, sostener el tejido social. La pregunta sigue abierta: qué modelo de país queremos construir y, sobre todo, qué tipo de trabajo estamos dispuestos a aceptar como normal. Porque en esa respuesta se juega mucho más que la economía. Se juega el futuro del país y de nuestra provincia.
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