Por Gabriel Miranday
El Congreso terminó aprobando un presupuesto que blinda un ajuste inédito. Un ajuste que no cayó del cielo ni fue neutro: tuvo destinatarios muy claros. Después de negociaciones opacas, de favores cruzados y de recursos que empezaron a fluir hacia algunas provincias y gobernadores dóciles, lo que quedó firme es una decisión política: recortar sobre los mismos de siempre.
La obra pública fue la principal víctima. Uno de cada cuatro pesos del ajuste salió de ahí. Rutas sin mantenimiento, puentes que no se construyen, accesos que no llegan, energía más cara y menos segura. Todo lo que hace al desarrollo cotidiano de la vida quedó postergado. Y cuando el Estado se retira de la infraestructura, no desaparece el problema: aparecen el abandono, los accidentes y la desigualdad territorial.
Pero no fue lo único. El 17% del recorte recayó sobre los programas sociales. Menos fondos para la tarjeta alimentar, menos apoyo para quienes se quedan sin trabajo en un contexto donde el empleo formal se destruye mes a mes. Otro 17% cayó sobre los jubilados, uno de los sectores más castigados por la motosierra. Y los subsidios a la energía explican buena parte de las tarifas que hoy asfixian a millones de hogares, incluso a quienes no “ganan tanto” como algunos suponen.
Salarios y educación tampoco quedaron al margen. Ciencia, tecnología y universidades públicas sufren un recorte histórico. La inversión en ciencia se hunde a niveles incompatibles con cualquier proyecto de país que aspire a algo más que la supervivencia. Las escuelas técnicas, directamente, quedan desfinanciadas. Y ahí la pregunta es inevitable: ¿qué futuro se les ofrece a los pibes y pibas que quieren formarse, trabajar, producir?
Todo esto no es casual. El ajuste no fue para todos. Mientras se recorta a jubilados, estudiantes y trabajadores, se redujo a la mitad el impuesto a los bienes personales, el único que grava a los patrimonios más altos. Y mientras se achica el Estado social, se garantiza, cueste lo que cueste, el pago a los acreedores, incluso endeudándose más.
Este presupuesto revela una elección: sacrificar desarrollo, educación y ciencia para beneficiar a los más ricos y asegurar pagos financieros. No es una herramienta de gobernabilidad, es una herramienta de malgobernabilidad. Una hoja de ruta al subdesarrollo.
Y lo más grave es que se votó sin pudor, incluso por quienes decían defender la educación pública. Cuando las convicciones no llegan al momento de levantar la mano, la representación queda vacía.
Lo que se aprobó no es solo un ajuste. Es una receta para el desastre. Y es responsabilidad de todos no naturalizarla.
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