La decisión de Francia de prohibir el acceso a las redes sociales para menores de 15 años volvió a poner sobre la mesa un debate que ya no admite postergaciones. La pregunta es tan simple como profunda: ¿quién debe proteger a nuestros niños y adolescentes en un mundo digital diseñado para captar su atención durante horas?
Durante mucho tiempo se creyó que internet y las redes sociales eran herramientas neutras, espacios de entretenimiento y comunicación. Sin embargo, hoy existe abundante evidencia que demuestra que muchas plataformas fueron desarrolladas para generar hábitos de consumo cada vez más intensos. Algoritmos que seleccionan contenidos, reproducción automática de videos, desplazamiento infinito y notificaciones permanentes conforman un ecosistema pensado para mantener conectados a los usuarios el mayor tiempo posible.
En ese contexto, los menores de edad representan el sector más vulnerable. No solo porque aún están formando su personalidad, sino porque atraviesan una etapa decisiva para su desarrollo emocional, cognitivo y social. La exposición constante a pantallas puede afectar el descanso, la concentración, la autoestima y las relaciones interpersonales. A esto se suman amenazas cada vez más frecuentes como el ciberacoso, el grooming, la difusión de contenidos violentos y el preocupante crecimiento de las apuestas online entre adolescentes.
Por eso, el debate ya no pasa por preguntarnos si corresponde regular el mundo digital. La verdadera discusión es cómo hacerlo sin vulnerar derechos ni impedir el acceso a los beneficios que ofrece la tecnología.
En Argentina existen proyectos legislativos que apuntan en esa dirección. Sin embargo, cualquier regulación debería contemplar la realidad del país. No alcanza con prohibir. También es necesario exigir responsabilidades a las grandes empresas tecnológicas para que implementen controles efectivos de edad, reduzcan las funciones diseñadas para fomentar la adicción y garanticen entornos digitales más seguros para los menores.
Pero la respuesta tampoco puede depender exclusivamente de una ley nacional. Las provincias tienen un rol central, especialmente en el ámbito educativo. En La Rioja sería oportuno avanzar en protocolos sobre el uso de teléfonos celulares en las escuelas, fortalecer la capacitación docente para detectar situaciones de ciberbullying y grooming, e impulsar campañas de prevención vinculadas a la salud mental y al uso responsable de la tecnología.
Al mismo tiempo, ninguna restricción será verdaderamente efectiva si no se ofrecen alternativas atractivas fuera de las pantallas. El deporte, la cultura, los clubes de barrio, las bibliotecas y los espacios comunitarios siguen siendo lugares fundamentales para que niños y adolescentes desarrollen vínculos reales, aprendan a convivir y descubran otras formas de entretenimiento.
Sin embargo, existe un actor cuyo papel sigue siendo irremplazable: la familia. Ninguna legislación puede reemplazar la presencia de los padres, el diálogo cotidiano ni el establecimiento de límites razonables. Acompañar a los hijos en su vida digital, conocer las plataformas que utilizan y dar el ejemplo con hábitos saludables constituye la primera barrera de protección frente a los riesgos del entorno virtual.
La tecnología llegó para quedarse y ofrece oportunidades extraordinarias para aprender, trabajar y comunicarnos. Pero cuando hablamos de la infancia, la innovación nunca puede estar por encima del bienestar. El desafío consiste en construir un equilibrio entre libertad y protección, entre conectividad y desarrollo saludable. Porque cuidar a nuestros niños en el mundo digital no significa mirar hacia el pasado, sino asumir con responsabilidad el futuro que estamos construyendo.
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