El gobierno nacional celebra el estancamiento de la economía luego de dejar los sueldos casi congelados desde el mismo inicio de la gestión de Milei apesar de la terrible devaluación inicial de mas del 120%.
Mientras los sueldos siguen quietos como rulo de estatua, todo lo demás sube. Las paritarias más importantes del país cerraron entre el 1,6 y el 1,9% mensual, y el Ministerio de Trabajo llega a prohibir aumentos que superen el 2%, aun cuando haya empresarios dispuestos a pagar más. Mientras tanto, los precios acumulan un 35% en el último año. No es libre mercado. Es una pieza central de un plan que apuesta a que la recesión frene la inflación.
Esa recesión ya está en los números. Se cerraron más de 33.000 empresas en términos netos, el consumo no arranca y hay menos plata en la calle que cuando asumió este gobierno. A eso se suma el recorte sostenido del gasto social, que en tres años cayó 14%, 6% y 9%. El ajuste ya no es un zarpazo, como a fines de 2023. Es una licuación lenta y sistemática que se va comiendo el poder adquisitivo mes a mes.
Es una licuación lenta y sistemática que se va comiendo el poder adquisitivo mes a mes.
En ese escenario, La Rioja enfrenta un desafío particular. En diciembre los bonos Chachos salen de circulación. Durante años fueron una herramienta propia para sostener el ingreso de los trabajadores y el movimiento comercial de la provincia. Su retiro obliga al Estado provincial a encontrar otra manera de equiparar los bajos salarios de los empleados públicos, y a encontrarla sin margen.
Porque la Nación le debe a La Rioja más de 2,2 billones de pesos. Son fondos que le corresponden a la provincia y que no llegan. Cualquier familia o cualquier empresa sabe lo que significa tener que sostener compromisos mientras no le pagan lo que le deben. La provincia lo hace con una paritaria nacional pisada, una economía que no reacciona y un gobierno central que da la espalda.
Hay una causa judicial en marcha. La Rioja hizo lo que corresponde a un Estado de derecho: reclamar por la vía institucional. Pero la justicia nacional se niega a dar tratamiento a un reclamo que afecta a cientos de miles de riojanos. Esa demora, cuando se trata de derechos de una provincia, no es neutral. Cada mes sin resolución es un mes en que el costo lo pagan el maestro, la enfermera, el policía, el administrativo. Una justicia que no resuelve a tiempo termina funcionando como un instrumento del poder político que le debe a la provincia.
Un economista lo decía por estos días: todos los caminos conducen al empleo y al salario. Una economía no se recupera si la gente no tiene con qué consumir. Y un país no se ordena castigando a las provincias que reclaman lo suyo.
Por eso el desafío de diciembre es doble. Hacia adentro, la provincia deberá ser creativa y responsable para que el salario público no pierda más terreno. Hacia afuera, hay que seguir exigiendo con firmeza el pago de lo adeudado y una respuesta de la Justicia. Federalismo no es una palabra para los discursos. Es plata que llega, causas que se resuelven y provincias que no tienen que inventar soluciones a los problemas que les crea Buenos Aires.
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