Después de haber visto lo que hicieron con la causa $Libra los jueces amigos, parece que están a gusto con la impunidad. Sí, tal cual. Como zafaron gracias a los oficios de sus jueces amigos en la causa Libra, ahora quieren calcar la receta y buscar exactamente lo mismo en la escandalosa causa por el escándalo en discapacidad.
Hablamos de un negociado mega millonario que no solo dilapidó fondos públicos, sino que pisoteó a un sector profundamente vulnerable que viene dándose la cabeza contra la pared, movilizándose pacífica e insistentemente para defender lo que le pertenece. Una trama nauseabunda donde están hasta las manos, hasta la coronilla, figuras centrales que manejaron los hilos de la administración Milei durante sus primeros dos años de gestión.
Entre ellos, una pieza clave que sigue firme en el poder: Karina Milei. De ella hablaba Diego Españolo, el exabogado presidencial y mandamás de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en aquellos audios explosivos que sacudieron la estantería: «Están choreando… no me tiren a mí este fardo», se le escuchaba decir, detallando cómo exigían retornos del 3%, del 5% o del 8% a los proveedores de medicamentos de alto costo.
«Están choreando… no me tiren a mí este fardo»
¿Y cómo reacciona la Casa Rosada ante este lodazal? Con la desesperación de los arrinconados. Salieron a agitar un supuesto peritaje trucho de Gendarmería para invalidar las escuchas, operando con la misma liviandad con la que siembran fake news y pistas falsas. Pero la opereta se les cae a pedazos: en Comodoro Py, tanto en el juzgado de Ariel Lijo como en la fiscalía de Franco Picardi, confirman que ese informe fantasma ni existe ni está firmado. La realidad judicial avanza incontenible por otro andarivel: los chats de los celulares incautados, las coimas comprobadas, los sobreprecios de hasta el 200% y los negociados de la droguería Suizo Argentina y la misteriosa firma Génesis —que pasó de la nada misma a facturar 137.000 millones de pesos—.
Mientras Spagnuolo se quejaba en los audios de que viajar en clase turista a Europa o a Israel le resultaba «incómodo» —mientras le gestionaban pasajes en business a costillas del Estado—, las pruebas lapidarias de los fiscales acorralan a 85 personas físicas y 40 jurídicas.
Se creen intocables. Buscan la nulidad total, persiguen la blindada impunidad que los salve del banquillo y de la cárcel. Pero esta vez, el andamiaje del despoder empieza a crujir.
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