La reciente fuga de Flavio Bolsonaro hacia los Estados Unidos, facilitada de manera activa por el gobierno argentino de Javier Milei, marca un punto de inflexión alarmante en las relaciones bilaterales y expone la coordinación de una «internacional reaccionaria» dispuesta a socavar las instituciones democráticas de la región.
El episodio, consumado mediante un cruce fronterizo por la provincia de Misiones y un vuelo privado coordinado a espaldas de la legalidad institucional brasileña, no constituye un simple incidente de tránsito migratorio. Representa un acto de abierto encubrimiento a un prófugo de la justicia de nuestro principal socio comercial. Mientras la Dirección Nacional de Migraciones y los portavoces oficiales intentaron justificar la maniobra bajo un manto de formalismos legales, figuras clave del oficialismo nacional se vanagloriaban públicamente en redes sociales de haber participado en la operación.
El contraste histórico y moral es insostenible. Frente a los procesos judiciales y las persecuciones políticas, la actitud de los líderes se mide por su respeto al Estado de derecho. Como recordó recientemente Luiz Inácio Lula da Silva al cumplir 81 años, las diferencias se defienden dando la cara en el propio país, tal como él mismo lo hizo al someterse a la justicia brasileña, aun denunciando la arbitrariedad de los procesos en su contra. Por el contrario, el clan Bolsonaro opta sistemáticamente por la huida, el desconocimiento de los resultados electorales y la búsqueda de refugio en el exterior, avalados por un sector del establishment estadounidense que naturaliza la ruptura del orden democrático.
La complicidad del gobierno argentino en esta maniobra no solo deteriora gravemente los vínculos históricos con Brasil, sino que degrada la política exterior a una herramienta de afinidad ideológica facciosa. Convertir al país en una zona de tránsito y refugio para evadir la justicia regional rompe con principios básicos del derecho internacional y la convivencia pacífica entre naciones hermanas. La democracia no se fortalece protegiendo a quienes conspiran contra sus instituciones, sino exigiendo responsabilidad ante la ley y resguardando la transparencia republicana frente al avance de los autoritarismos encubiertos.
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