Hay una distancia irremplazable entre el fervor de la tribuna y la contundencia de los actos de gobierno. En las últimas horas, el giro discursivo del presidente Javier Milei respecto a la causa Malvinas pretende revestirse de un patriotismo tardío que choca de frente con la realidad geopolítica y económica de nuestro archipiélago. Del candidato que profesaba admiración por Margaret Thatcher (en su despacho aún cuelga un cuadro con la imagen de la tirana) y sugería convencer a los isleños «votando con los pies«, pasamos al mandatario que encabeza cadenas nacionales denunciando la soberanía lesionada. Sin embargo, la sobreactuación retórica no alcanza para tapar las omisiones de la gestión.
Mientras el relato oficial busca construir una épica de confrontación electoral de cara al 2027, en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas el saqueo de los recursos naturales argentinos avanza a paso firme y sin contratiempos. Dos compañías petroleras —la británica Rockhopper y la israelí Navitas Petroleum— aceleran la fase de explotación del yacimiento Sea Lion, con proyecciones de extracción que alcanzarían los 200.000 barriles diarios de crudo para 2028. La envergadura del proyecto equivale a crear un polo petrolero de la magnitud de los principales bloques de Vaca Muerta, pero operado de forma ilegal en aguas disputadas.
Frente a este escenario, la respuesta gubernamental se ha limitado a tibios comunicados de Cancillería. No se activaron con rigor las sanciones previstas en la legislación argentina ni se enviaron las notificaciones correspondientes a las bolsas de comercio de Londres y Tel Aviv donde cotizan estas firmas. Más llamativo resulta el silencio sobre las implicancias diplomáticas de la operación: Navitas es conducida por Gideon Tadmor, un exfuncionario del Estado de Israel —país con el que la actual administración pregona una alianza incondicional—, y sus directivos cuentan con el aval explícito de su embajada en Buenos Aires, argumentando tratarse de «iniciativas privadas«.
Este patriotismo de utilería exhibe además contradicciones insalvables con la política energética e industrial del país. Si el Poder Ejecutivo pretendiera aplicar sanciones efectivas a las corporaciones británicas que avanzan en el Atlántico Sur, tendría que revisar los activos de firmas como British Petroleum, socia clave en la infraestructura de exportación de gas de Vaca Muerta. Del mismo modo, la diplomacia oficial omitió cualquier reclamo formal ante el reciente acuerdo de conectividad y logística alcanzado entre la región chilena de Punta Arenas y los Kelpers, un paso estratégico que facilita el abastecimiento de la base militar de Mount Pleasant y del propio complejo petrolero.
Usar una causa nacional tan arraigada en el sentimiento popular como herramienta de aglutinamiento electoral o distracción frente a la recesión económica interna es un recurso viejo y peligroso. La recuperación de la soberanía no se construye con encendidos discursos televisivos ni con acusaciones veladas, sino con la aplicación efectiva de la ley, la firmeza diplomática sin dobles raseros y una estrategia de Estado coherente que trascienda la coyuntura política.
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