Hay una frase que debería hacernos detener a todos: “la morosidad no es un problema importante”.
¿Importante para quién?
Porque para un banco puede ser apenas un número en una planilla. Para un gobierno puede ser una estadística incómoda. Pero para una familia que no puede pagar la tarjeta, el préstamo, el alquiler o la comida del mes, la deuda no es una estadística: es angustia, es insomnio, es miedo y muchas veces es desesperación.
La morosidad bancaria llegó al 7,73% y la morosidad de las familias también aumentó. Y aparece otro dato todavía más preocupante: una parte importante de los argentinos se está endeudando no para comprar una casa, un automóvil o un electrodoméstico, sino para afrontar necesidades urgentes.
Entonces hay algo que no cierra.
Porque mientras desde el Gobierno se dice que el Estado no debe intervenir porque se trata de “acuerdos entre privados”, la realidad demuestra que no estamos frente a un simple contrato entre dos partes iguales.
De un lado está un banco, una financiera o una plataforma con recursos, abogados y capacidad para esperar.
Del otro está una familia que llega al final del mes sin plata.
¿De verdad podemos decir que están en igualdad de condiciones?
Y hay algo todavía más grave: cuando una persona deja de pagar, el problema no desaparece. Aparecen los estudios jurídicos, las llamadas, los mensajes, las intimaciones y, en algunos casos, verdaderas prácticas de hostigamiento. El crecimiento de situaciones de usura y violencia vinculadas al endeudamiento está creciendo en forma muy acelerada.
Por eso resulta llamativo escuchar que el Estado “no tiene nada que ver”.
Sí tiene que ver.
Tiene que ver porque las condiciones económicas generan las circunstancias que llevan a miles de familias a endeudarse. Tiene que ver porque cuando se liberan determinadas condiciones del mercado financiero y, al mismo tiempo, los ingresos pierden capacidad de compra, la consecuencia lógica es que la gente empieza a financiar su supervivencia.
Y entonces aparece la gran contradicción.
Para algunas cosas, el Estado sí puede intervenir. Para favorecer inversiones, modificar reglas, otorgar beneficios o facilitar determinados mecanismos fiscales, el Estado aparece rápidamente.
Pero cuando el ciudadano común queda atrapado entre salarios que no alcanzan, tasas elevadas y cuotas impagables, la respuesta es: “arréglense entre ustedes”.
No.
Un Estado no puede mirar para otro lado cuando miles de familias están atrapadas en una deuda que amenaza con convertirse en permanente.
Porque una economía puede mostrar inflación más baja. Puede mostrar equilibrio fiscal. Puede mostrar determinados indicadores positivos.
Pero si detrás de esos números hay familias que trabajan, cobran y aun así no llegan a fin de mes, entonces hay una pregunta que nadie puede esquivar:
¿Para quién está funcionando la economía?
Porque bajar la inflación es importante.
Pero recuperar la capacidad de vivir también.
Y una sociedad donde cada vez más personas necesitan endeudarse para comer, pagar servicios o llegar al próximo sueldo no es una sociedad que está saliendo adelante.
Es una sociedad que está sobreviviendo.
Y sobrevivir no es prosperar.
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