La realidad argentina parece dividirse hoy en dos frentes de batalla simultáneos, ambos dramáticos, ambos urgentes. Por un lado, la Patagonia arde. Las condiciones climáticas extremas, con temperaturas altísimas y una sequía arrastrada desde un invierno sin nieve, han convertido a la región en un polvorín. El Parque Nacional Los Alerces es el epicentro de un desastre que ha llevado a gobernadores y legisladores sureños a clamar por la declaración de Emergencia Ígnea en el Congreso.
La sensación de abandono ha sido palpable en el sur, motivando incluso marchas frente al Ministerio de Seguridad. Sin embargo, en las últimas horas, el Gobierno Nacional parece haber acusado recibo de la desesperación. Se oficializó el destino de más de 100 mil millones de pesos a los Bomberos Voluntarios para reforzar la lucha contra el fuego en la Patagonia, una inyección de recursos vital, aunque tardía, para quienes combaten las llamas en primera línea.
Pero mientras el sur lucha por no convertirse en cenizas, el resto del país enfrenta otro tipo de incendio: el económico y productivo. La «tormenta perfecta» de caída del consumo y apertura indiscriminada de importaciones ya muestra sus primeras víctimas fatales. El cierre de la histórica textil Emilio Alal en Goya, Corrientes, dejando a 260 familias en la calle de la noche a la mañana, es la postal más cruel de este nuevo modelo.
Es el síntoma de una política donde la industria nacional queda desamparada frente a gigantes extranjeros que operan con reglas de juego diferentes. Lo vemos en la obra pública, donde Techint pierde licitaciones de tubos frente a empresas indias acusadas de dumping con acero chino. E irónicamente, lo vemos hasta en los aliados ideológicos del gobierno: el propio Mercado Libre ha demandado a la plataforma china Temu por competencia desleal. Cuando hasta los ganadores del modelo se quejan de que la cancha está inclinada, el panorama para las PyMES es desolador.
En este contexto de urgencias climáticas y laborales, la agenda política del Ejecutivo parece transitar por un carril paralelo. Mientras se espera la apertura de sesiones ordinarias en marzo, el Gobierno insiste con temas que generan profunda división y no parecen atacar los problemas urgentes de la gente.
Por un lado, se busca reflotar la reforma laboral, un tema que promete ser un campo de batalla en el Senado, donde gobernadores como Ricardo Quintela ya se han reunido con legisladores para plantear una clara defensa de los trabajadores ante cualquier intento de flexibilización que vulnere derechos adquiridos.
Por otro lado, el oficialismo insiste en la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, intentando instalar un debate punitivista como solución a la inseguridad. Esto ocurre a pesar de que voces autorizadas del Poder Judicial advierten que el marco legal vigente ya permite sancionar delitos cometidos por menores, sugiriendo que el problema es más de gestión que de nuevas leyes.
E incluso se pone sobre la mesa la Ley de Glaciares, buscando flexibilizar la protección ambiental para favorecer la minería, justo cuando la crisis climática nos muestra su peor cara en el sur.
Argentina se debate hoy entre apagar los incendios reales que consumen nuestros recursos naturales y los incendios económicos que consumen nuestro tejido social.
La pregunta es si la política estará a la altura de estas urgencias o seguirá discutiendo su propia agenda, desconectada de la temperatura de la calle.
About The Author
