La muerte de Alberto Nisman el 18 de enero de 2015 marcó un antes y un después en la política y la justicia argentina. Más de una década después, la causa sigue abierta y polariza interpretaciones. Los tribunales de Comodoro Py —el corazón del federalismo judicial en Buenos Aires— siguen impulsando diligencias para “mantener abierta” la causa Nisman, aún cuando “no hay ni una sola prueba de que el fiscal haya sido asesinado”. Hubo convocatorias de decenas de militares a declarar y la próxima indagatoria de la fiscal Viviana Fein, con insinuaciones de versiones “descabelladas” que, sostendrían la hipótesis del homicidio más por estrategia que por evidencias claras.
Recordar ese trágico episodio implica repasar no solo los hechos judiciales, sino también el inmenso impacto político que tuvieron en el país, especialmente en el convulsionado contexto preelectoral de 2015. Ese año, Argentina se aprestaba a elegir presidente en una elección competitiva en la que la fórmula del Frente para la Victoria —con Daniel Scioli como cabeza— buscaba consolidar un tercer mandato consecutivo del kirchnerismo. En ese clima, la muerte de Nisman, quien había denunciado días antes a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por un presunto encubrimiento en la causa del atentado a la AMIA, se transformó en un hecho simbólico y profundamente político.
Desde el momento en que se conoció su hallazgo sin vida en su departamento de Puerto Madero, con un disparo en la cabeza, el caso estuvo rodeado de especulaciones: ¿suicidio o asesinato? ¿Fue una respuesta directa a su denuncia o una tragedia personal? Con el paso del tiempo, la investigación judicial transitó diversos caminos, con pericias contradictorias y múltiples versiones sobre la mecánica del hecho y su motivación. La causa cambió de carátula, se desplazaron jueces y fiscales, y nunca se llegó a un juicio oral concluyente que despejara todas las dudas.
Sin embargo, más allá de los veredictos judiciales, lo que es incontrovertible es el uso político que se hizo de la muerte de Nisman en 2015. El episodio fue rápidamente incorporado al discurso de la oposición como símbolo de una supuesta “maniobra de encubrimiento” del Gobierno sobre el atentado más sangriento de la historia argentina. Sectores de la oposición y muchos medios alineados con esa interpretación presentaron la muerte del fiscal como un escándalo que exhibía la gravedad institucional del kirchnerismo y su presunta responsabilidad en un plan para ocultar la verdad. Ese relato caló profundo en una porción significativa del electorado, erosionando la confianza en el oficialismo y beneficiando a los rivales electorales. El timing de la tragedia, apenas semanas antes de las elecciones, potenció su uso discursivo.
La forma en que ciertos actores políticos y mediáticos tejieron una narrativa de encubrimiento estatal y conspiración estatal y subyugó el hecho a la campaña generó una poderosa carga simbólica que trascendió la propia investigación judicial. Pocos acontecimientos recientes de la política argentina han tenido un impacto tan inmediato sobre la percepción pública en un año electoral crucial. La denuncia de Nisman —y su muerte— no solo polarizaron a la sociedad, sino que se convirtieron en un emblema de una Argentina fracturada entre versiones enfrentadas de la realidad.
En la actualidad, la causa continúa abierta y con nuevos movimientos judiciales. Pero la pregunta que emerge de este revuelo es otra: ¿se busca esclarecer la verdad de los hechos o reactivar la causa en función de intereses políticos presentes? El uso de la memoria de Nisman como herramienta discursiva en distintos momentos —incluyendo recientes homenajes y pronunciamientos en redes y declaraciones públicas— pone de manifiesto que, para muchos, la causa sigue siendo un terreno fértil para disputas políticas más que un trayecto exclusivo de búsqueda de justicia.
En definitiva, el caso Nisman revela las complejidades de una democracia donde la justicia y la política muchas veces se entrelazan de manera inseparable. A once años de los hechos, lo que queda claro es que el impacto político de aquella tragedia, ya vivido intensamente durante la campaña de 2015, continúa moldeando debates, interpretaciones y decisiones en el presente.

