Han pasado más de treinta años desde que el Consenso de Washington nos vendió la ilusión de que, achicando el Estado y dejando el timón en manos del libre mercado, la riqueza acumulada en la cúspide terminaría por «derramar» hacia los sectores más postergados. Nos prometieron que, antes de repartir, había que generar; que la sed de justicia distributiva debía esperar al banquete de los gigantes. Hoy, entrados de lleno en el siglo XXI, el balance de esa promesa es una herida abierta.
Los datos de la economía actual desmoronan el relato oficial. Mientras los enclaves exportadores —el petróleo y el gas de Vaca Muerta, las grandes mineras— exhiben saltos siderales en sus ventas con subas interanuales que rozan el 50% o el 75%, la realidad de la calle muestra un panorama desolador: fábricas que cierran, comercios que apagan las persianas y una industria nacional sistemáticamente desmantelada a pulso de recesión y apertura indiscriminada. Ya ni siquiera el Fondo Monetario Internacional, tradicional arquitecto del ajuste, puede mirar hacia otro lado. Su propia vocera ha advertido recientemente sobre la urgencia de que ese crecimiento concentrado se distribuya equitativamente, reconociendo lo que los economistas críticos señalan a los gritos: los enclaves extractivos funcionan como islas de abundancia rodeadas de un archipiélago de pobreza, donde todo se importa llave en mano —hasta las casas prefabricadas de los operarios desde China— sin dejar un solo encadenamiento productivo genuino en el suelo que pisamos.
En este mapa de concentración obscena, donde el 0,0001% más rico de la humanidad acumula proporciones inéditas del PBI global mientras los algoritmos y las plataformas mercantilizan hasta el último segundo de nuestra atención y nuestro descanso, las provincias argentinas sufren el golpe más duro de un modelo centralista y salvaje.
Aquí es donde duele nuestra propia historia, donde la geografía de la Provincia de La Rioja se pone de pie para historiar una herida fundacional. La Rioja, cuna de caudillos federales que ofrendaron su vida por la dignidad del interior profundo, lleva grabada en su ADN la lucha histórica por federalizar las riquezas de una patria asimétrica. Una lucha que hoy, bajo el gobierno de derecha de Javier Milei, ha sufrido un retroceso dramático. La provincia no solo ha perdido su voz y sus recursos legítimos frente a la voracidad de un centralismo porteño y financiero que ahoga a las autonomías provinciales, sino que ve cómo se desfinancian la obra pública, la salud y la educación, mientras se promueve una extranjerización de la tierra y de los bienes comunes que nos reduce a meros proveedores baratos de materias primas para el mundo rico.
El modelo libertario no genera libertad; genera subordinación, asfixia fiscal y un desprecio absoluto por el federalismo que dio nacimiento a nuestra nación. Nos quieren convencer de que ser precarizado, de que «ser tu propio jefe» en la intemperie del rebusque, es la cúspide de la autonomía, cuando en realidad es la trampa perfecta de la autoexplotación extrema.
Frente a este saqueo sistemático de las riquezas federales y a la falacia de un derrame que nunca llega, La Rioja y las provincias del interior no pueden resignarse al rol de convidados de piedra en el banquete ajeno. La democracia no se reduce a la ley del más fuerte ni al remate de nuestros recursos naturales al mejor postor extranjero. Reconstruir el tejido social y productivo exige recuperar la memoria de los que lucharon, alzar la voz contra el ajuste asfixiante y devolverle al Estado su rol ordenador: el de garantizar que el pan, el trabajo y la riqueza soberana no se queden en pocas manos, sino que germinen y se distribuyan con equidad en cada rincón de nuestra tierra.
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