En la política argentina actual conviven, cada vez con más claridad, dos modelos de país. Dos miradas distintas sobre el rol del Estado, sobre la economía y, sobre todo, sobre el lugar que ocupa la gente dentro de las decisiones públicas. Ese contraste quedó expuesto en la apertura de sesiones de la Legislatura riojana, cuando el gobernador Ricardo Quintela ratificó el rumbo de su gestión y planteó con firmeza las dificultades que atraviesa la provincia ante la reducción de recursos nacionales.
Por un lado, el gobierno nacional encabezado por el presidente Javier Milei sostiene una estrategia basada en el déficit cero como objetivo central. La lógica económica que guía esa mirada prioriza el equilibrio de las cuentas públicas, el orden fiscal y el funcionamiento del mercado, incluso cuando esas decisiones implican recortes en la inversión pública o en las transferencias hacia las provincias.
Pero en La Rioja se plantea otra perspectiva. El gobernador Quintela expuso que la prioridad de su gestión está puesta en lo que definió como la renta social. Es decir, una política que entiende que el crecimiento económico no tiene sentido si no se traduce en bienestar concreto para la población. Frente a la lógica de la renta financiera, donde el eje está en los números y los balances, la provincia propone una lógica centrada en la justicia social.
Esta diferencia no es solamente discursiva. Se refleja en hechos concretos de gestión. Durante el último año, la provincia avanzó en la entrega de viviendas, una política que no solo resuelve el problema habitacional de muchas familias riojanas, sino que también dinamiza la economía local mediante la generación de empleo en la construcción.
A esto se suman las acciones de asistencia directa a las familias damnificadas por fenómenos climáticos, como las intensas lluvias que afectaron distintas zonas de la provincia. En esas situaciones, el Estado provincial actuó con rapidez para acompañar a quienes perdieron bienes o sufrieron daños en sus hogares. Esa presencia estatal es, justamente, lo que define el concepto de renta social: no dejar a la población librada a su suerte.
Sin embargo, este modelo enfrenta obstáculos. Quintela volvió a reclamar recursos que, según sostiene la provincia, le corresponden a La Rioja en el esquema de coparticipación federal. El mandatario incluso mencionó el caso de Catamarca, que recibió alrededor de 38 mil millones de pesos más en transferencias, pese a tener características económicas y demográficas similares.
La discusión, entonces, no es solo técnica ni presupuestaria. Es profundamente política. ¿Qué país se quiere construir? ¿Uno donde la prioridad sea exclusivamente el equilibrio fiscal o uno donde el Estado mantenga un rol activo en la distribución de oportunidades?
La Rioja parece haber tomado posición. Su gobierno sostiene que, incluso en un contexto económico difícil, no se puede abandonar a la gente. Que las viviendas, la asistencia social, el empleo y los servicios básicos no son gastos prescindibles, sino inversiones en dignidad y desarrollo.
En definitiva, el debate está planteado. Dos modelos, dos prioridades y dos formas de entender el vínculo entre el Estado y la sociedad. Y en ese escenario, la provincia de La Rioja busca reafirmar un principio histórico de la política argentina: que el crecimiento solo tiene sentido cuando mejora la vida de la gente.
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