Resulta imprescindible analizar con mirada crítica el modo en que el Gobierno nacional ha decidido encuadrar las recientes manifestaciones populares: como expresiones violentas, desestabilizadoras y casi conspirativas, dejando en un segundo plano —cuando no directamente invisibilizando— las causas profundas que llevan a miles de personas a salir a la calle.
La narrativa oficial se repite con una previsibilidad llamativa. Cada protesta contra una reforma estructural —sea laboral, previsional o vinculada a derechos sociales— es presentada como un intento de “romper el orden constitucional”. Se identifican supuestos “grupos violentos”, se habla de infiltrados, de antisistema, de organizaciones coordinadas para generar caos. La discusión pública, entonces, gira alrededor de cinco personas, una botella incendiaria o un enfrentamiento aislado. Mientras tanto, queda fuera de foco la pregunta central: ¿por qué hay tanta gente movilizada?
El país atraviesa un deterioro económico profundo. La inflación erosiona salarios y jubilaciones, el empleo formal pierde poder adquisitivo y la incertidumbre se instala como horizonte cotidiano. Familias que hasta hace poco podían sostener una vida modesta pero estable hoy hacen cuentas para llegar a fin de mes. Comerciantes bajan persianas. Jóvenes postergan proyectos. Jubilados eligen entre medicamentos y alimentos. Esa realidad, que no es ideológica sino material, explica buena parte del malestar social.
Sin embargo, en lugar de abrir canales de diálogo, el discurso oficial opta por la simplificación. Se sugiere que las movilizaciones no responden a reclamos legítimos sino a una voluntad organizada de desestabilizar. Se habla de “izquierda combativa” como si se tratara de una categoría delictiva, cuando en democracia las identidades políticas, incluso las más críticas, forman parte del pluralismo. Se equipara la protesta con la amenaza.
Esta estrategia busca convertir el conflicto social en un problema de seguridad que permite desplazar el eje de la conversación. Si el foco está en la violencia, el debate ya no gira en torno a la reforma laboral, la sostenibilidad del sistema previsional o la pérdida de derechos. La escena pública se llena de imágenes de disturbios, operativos y detenciones. El mensaje implícito es claro: el problema no es la situación económica, sino quienes protestan.
Pero la experiencia reciente muestra que la mayoría de las movilizaciones se desarrollan de forma masiva y pacífica. Cuando hay incidentes aislados, corresponde investigarlos con rigor. Lo que resulta cuestionable es la generalización automática que convierte a miles de ciudadanos en sospechosos. Más aún cuando, tras horas de tensión, muchas detenciones terminan sin imputaciones sólidas. El riesgo es naturalizar un clima en el que manifestarse implica exponerse a la estigmatización.
Además, la reducción del debate a la seguridad invisibiliza la dimensión social del conflicto. La discusión sobre cambios en las reglas laborales, sobre vacaciones, indemnizaciones o condiciones de negociación, afecta la vida concreta de millones de trabajadores. Lo mismo ocurre con las modificaciones en materia previsional o con políticas que inciden en el acceso a derechos básicos. No se trata de consignas abstractas, sino de decisiones que impactan en la mesa familiar.
En democracia, la protesta es un derecho, no una concesión. Puede incomodar, puede ser ruidosa, puede interpelar con dureza al poder. Pero forma parte de la dinámica de una sociedad viva. Cuando el Gobierno prioriza un relato que asocia sistemáticamente la movilización con la violencia, corre el riesgo de erosionar ese principio básico.
La estabilidad institucional no se garantiza deslegitimando el descontento, sino atendiendo sus causas. Ignorar el malestar económico y social, o reducirlo a la acción de minorías agitadas, puede ofrecer réditos comunicacionales de corto plazo, pero no resuelve el problema de fondo. La democracia se fortalece cuando escucha, no cuando etiqueta.
El desafío del Gobierno no es identificar enemigos internos, sino reconocer la magnitud de la crisis que atraviesan amplios sectores de la población. Y el desafío de la sociedad es sostener el debate sin caer en la lógica de la polarización permanente. Porque cuando el ruido tapa la realidad, quienes más pierden son los ciudadanos comunes, aquellos que no buscan desestabilizar nada, sino simplemente vivir con dignidad.
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